La SB negó que la Cámara de Cuentas le haya requerido información con respecto a productos financieros de funcionarios públicos, al menos desde que la nueva gestión asumió funciones, el pasado 17 de agosto.
La herramienta busca reducir los riesgos vinculados a la adquisición de productos y servicios financieros sin las garantías del marco jurídico de la República Dominicana.
Las entidades de intermediación deberán adoptar el documento en sus contratos y facilitarlo a sus clientes en sus sucursales, páginas web y otros medios electrónicos.
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