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La Ley Monetaria y Financiera 183-02 contempla sanciones que van desde multas hasta la revocación de autorización para operar . Sin embargo, estas medidas solo pueden aplicarse tras un procedimiento administrativo que garantice derechos básicos como la defensa, la presunción de inocencia y el derecho a recurrir. En esencia, se busca equilibrar el interés público con las garantías de los sancionados, al mismo tiempo que se protege la estabilidad del sistema.
Publicamos contenido sobre temas de interés en los ámbitos de la supervisión y regulación bancaria y la protección al usuario de los servicios financieros.