La integridad del sistema financiero constituye uno de los pilares fundamentales de la Superintendencia de Bancos. En este contexto, resulta esencial reflexionar sobre los avances alcanzados y evaluar los desafíos actuales y futuros que enfrenta el sector.

La gestión de riesgos, como concepto transversal a todas las industrias, se fundamenta en principios globales que deben integrarse tanto en la cultura organizacional como en la operatividad diaria de las entidades financieras. En este contexto, la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFT-PADM) se posiciona como uno de los desafíos más críticos para la sostenibilidad y reputación del sistema financiero.

Las entidades deben ser conscientes de que están expuestas a múltiples delitos precedentes, especialmente en actividades de intermediación financiera, cambiaria y fiduciaria. En estos escenarios, la simple conexión entre partes puede facilitar la movilización de fondos ilícitos, convirtiendo al sector en un blanco atractivo para organizaciones delictivas.

El proceso de lavado de activos se desarrolla en tres fases: colocación, estratificación e integración. Estas etapas implican, respectivamente, la entrada de dinero ilícito (por medio de captaciones o inversiones), su movilización para ocultar el origen (a través de transferencias, cheques o cambio de divisas) y, finalmente, el retorno de fondos aparentemente legítimos (mediante retiros, desembolsos o cancelaciones). La configuración del delito requiere la verificación de cada una de estas fases. Como cualquier entidad puede verse involucrada en una o varias de ellas, se hace indispensable un análisis contextual interno para identificar vulnerabilidades y amenazas específicas.

En este marco, la gestión de riesgos debe ser dinámica y orientada a la mejora continua, anticipando y detectando eventos indeseados mediante el uso de información oportuna y relevante. La experiencia y el conocimiento técnico se convierten en activos esenciales en este proceso. Como señaló Thomas Edison: “No fracasé, solo descubrí 999 maneras de no hacer una bombilla”. Esta perspectiva nos recuerda que la protección y el valor agregado al negocio dependen de la capacidad de adaptación y aprendizaje constante.

Uno de los mayores desafíos en la mitigación de riesgos relacionados con PLAFT-PADM es el diseño de controles y herramientas eficaces, tanto manuales como automatizadas, para el monitoreo de transacciones y la generación de alertas. La identificación de operaciones inusuales requiere alta especialización técnica y una inversión significativa. No obstante, estudios internacionales estiman que más del 90% de las alertas generadas corresponden a “falsos positivos”, lo que evidencia importantes oportunidades de mejora en la efectividad de los controles implementados.

Frente a la limitación de recursos y el aumento de las exigencias regulatorias, resulta imprescindible optimizar la efectividad de los controles, reduciendo la incidencia de falsos positivos y ajustando los parámetros de monitoreo conforme a la mejor información disponible. La actualización, afinación y eliminación de alertas ineficaces debe ser una práctica recurrente, sustentada en el análisis de resultados y tendencias.

Asimismo, el diseño de controles debe incorporar la evaluación de períodos prolongados con el fin de detectar patrones inusuales que podrían pasar desapercibidos si se concentra la atención únicamente en grandes montos y períodos cortos. Esta visión más amplia permite identificar tipologías relevantes, como la estructuración de fondos.

Independientemente del tamaño, estructura o nicho de mercado, las entidades supervisadas comparten puntos comunes que pueden fortalecer la efectividad de las alertas y, por ende, la gestión de riesgos PLAFT-PADM. Para facilitar el análisis, se presentan dos grupos de señales de alerta: aquellas relacionadas con operaciones y aquellas vinculadas a la documentación obtenida en el proceso de debida diligencia.

Señales de alerta en operaciones

• Retiros de grandes sumas en efectivo sin justificación comercial.

• Uso de cuentas personales para operaciones empresariales.

• Depósitos o transferencias fraccionadas en períodos cortos sin justificación.

• Utilización de divisas en zonas o actividades no justificadas.

• Recepción de múltiples depósitos por canales alternos a la sucursal.

• Retiros en múltiples sucursales o canales en períodos cortos.

• Transferencias recurrentes y significativas de negocios a empleados en relación a accionistas.

• Repago de tarjetas por encima del límite en corto plazo.

• Transacciones que no corresponden al perfil del cliente o alto endeudamiento no declarado.

• Pagos hacia/desde países de alto riesgo o sancionados.

• Transferencias entre personas o empresas sin vínculo comercial aparente.

• Múltiples beneficiarios y ordenantes con información común en transferencias o remesas.

• Cancelaciones recurrentes de productos antes del vencimiento por montos significativos.

• Compra de bienes de lujo sin facilidades crediticias.

• Uso excesivo de cheques personales.

Señales de alerta en documentación y debida diligencia

• Inconsistencias entre estados financieros y movimientos bancarios.

• Cifras en estados financieros que no corresponden (ingresos, gastos, inventarios, etc.).

• Estados de cuentas internacionales sin traducción comprensible.

• Beneficiarios finales con múltiples empresas de la misma actividad sin justificación.

• Documentación societaria con numerosas actividades comerciales.

• Cuentas empresariales con datos comunes (ejecutivos, accionistas, domicilios, teléfonos).

• Múltiples apoderados sin vínculo entre sí en una cuenta.

• Domicilio comercial diferente al declarado en documentos legales recientes.

• Productos financieros sin relación aparente con las necesidades del cliente.

• Negativa a proporcionar información sobre clientes, suplidores, fotos del negocio o facturas.

• Manipulación aparente de documentos de identidad, legales o financieros.

• Suplantación de identidad e intento de uso de canales digitales.

• Presión o amenaza a empleados para omitir trámites o aceptar información inconsistente.

• Intención de no identificarse como persona expuesta políticamente.

• Exposición pública negativa relacionada con delitos financieros o inclusión en listas restrictivas.

Adicionalmente, es fundamental que las entidades cuenten con controles para evaluar transacciones realizadas a favor de clientes que no pasan por cuentas, como operaciones de tesorería y transacciones en caja que implican intercambio de divisas.

Las entidades supervisadas que se relacionan con otras entidades reguladas deben realizar una debida diligencia rigurosa, ya que esta responsabilidad no puede ser delegada. La falta de escrutinio puede generar riesgos de contagio reputacional, legal o económico.

Del mismo modo, la adecuada gestión de riesgos debe ser el pilar central de cada entidad, con el monitoreo como eje fundamental para validar el cumplimiento de los límites de tolerancia establecidos por los órganos de control.

La lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es una responsabilidad compartida. Solo a través de la colaboración y el fortalecimiento de los controles podremos proteger nuestra nación.

La recomendación 34 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) establece que las autoridades y supervisores deben proveer directrices y retroalimentación que faciliten la detección y reporte de transacciones sospechosas. En ese sentido, la Superintendencia de Bancos trabaja con las entidades para fortalecer los controles y medidas de prevención. Esto contribuye a un sistema financiero más fuerte, íntegro y resiliente.