Tabla de contenido
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ADMINISTRACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA

AVISO

Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su Primera Resolución de fecha 20 de septiembre del 2005, cuyo texto se transcribe a continuación:

“VISTA la comunicación No.027982 de fecha 16 de septiembre del 2005, dirigida al Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria por el Gerente de dicha Institución, relativa a la solicitud de aprobación definitiva del Proyecto de Reglamento para la Aplicación de la Ley 92-04 que crea el Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para las Entidades de Intermediación Financiera;

VISTA la comunicación No.0141 de fecha 16 de septiembre del 2005, dirigida al Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria por el Superintendente de Bancos, mediante la cual somete el Proyecto de Reglamento para la Aplicación de la Ley No.92-04 que crea el Programa Excepcional para la Prevención del Riesgo para las Entidades de Intermediación Financiera, a los fines de que el mismo sea aprobado por la Junta Monetaria de forma definitiva;

VISTA la Ley No.92-04 de fecha 27 de enero del 2004 mediante la cual se crea el Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para las Entidades de Intermediación Financiera;

VISTA la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre del 2002;

VISTA la Cuarta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 7 de julio del 2005, mediante la cual dicho Organismo autoriza la publicación del Proyecto de Reglamento antes indicado, a los fines de recabar la opinión de los sectores interesados;

VISTAS las observaciones presentadas por el Fondo Monetario Internacional con relación a determinados aspectos del Reglamento de Aplicación de la Ley 92-04;

CONSIDERANDO que el referido Reglamento fue publicado en varios periódicos de amplia circulación nacional, durante el proceso de consulta a los sectores interesados y, sólo se recibió una comunicación de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), en donde expresa que considera prudente no emitir opinión sobre dicho documento hasta tanto la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 92-04, sometido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS);

CONSIDERANDO que los compromisos contraídos por el Gobierno Dominicano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del Acuerdo Stand-By, incluyen la aprobación definitiva del Reglamento de aplicación de la Ley No.92-04 de Prevención del Riesgo Sistémico, a más tardar el 30 de septiembre del 2005;

CONSIDERANDO que el referido Reglamento fue revisado, discutido y consensuado por un equipo interinstitucional integrado por técnicos del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos;

CONSIDERANDO que el recurso de inconstitucionalidad elevado por el CONEP y la FINJUS no impide la aprobación de este Reglamento por parte de la Junta Monetaria;

OIDAS las observaciones y deliberaciones de los Miembros de la Junta Monetaria respecto al análisis de las modificaciones sugeridas por los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en relación a esta propuesta de Reglamento;

Por tanto, la Junta Monetaria

R E S U E L V E:

 

Aprobar la versión definitiva del Reglamento de Aplicación de la Ley No.92-04 que crea el Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para las Entidades de Intermediación Financiera y autorizar su publicación en uno o más diarios de amplia circulación nacional, el cual copiado a la letra dice así:

ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA

JUNTA MONETARIA

 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY No. 92-04

PROGRAMA EXCEPCIONAL PARA LA PREVENCION DEL RIESGO PARA LAS

ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA

 

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

CAPITULO I

OBJETO, ALCANCE Y DEFINICIONES

 

Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto definir los criterios y procedimientos que deberá seguir la Administración Monetaria y Financiera para la aplicación del Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para las Entidades de Intermediación Financiera, creado por la Ley No.92-04 de fecha 7 de enero del 2004, en lo adelante la Ley.

Artículo 2. Alcance . El alcance del presente Reglamento abarca los criterios relativos a la habilitación del Programa, determinación de la viabilidad financiera, condiciones de operatividad, garantía de obligaciones, administración y competencia legal que se requieren para evitar el riesgo sistémico.

Artículo 3. Ambito de Aplicación. Las normas contenidas en el presente Reglamento son aplicables a las entidades de intermediación financiera siguientes:

a) Bancos Múltiples,

b) Bancos de Ahorro y Crédito,

c) Corporaciones de Crédito,

d) Asociaciones de Ahorros y Préstamos,

e) Otras entidades de intermediación financiera que la Junta Monetaria considere que deban ser incluidas.

CAPITULO II

GLOSARIO DE TÉRMINOS

 

Artículo 4: Para fines de aplicación de las disposiciones contenidas en este Reglamento, los términos y expresiones que se indican más abajo, tendrán los significados siguientes:

  • Riesgo Sistémico: Es el peligro que se presenta en el caso de que la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad de intermediación financiera se propague a otras entidades de intermediación financiera y pueda causar una cadena de incumplimientos con efectos negativos sobre el sistema de pagos del país, el sistema financiero en su conjunto y la economía en general.

La declaración de riesgo sistémico se realizará mediante una Resolución fundamentada de la Junta Monetaria, previa propuesta sustentada que presente la Superintendencia de Bancos, la cual será implementada cuando se haya obtenido la no objeción del Presidente de la República.

  • Asistencia de liquidez: Facultad otorgada al Banco Central por la Ley No.92-04, para de manera excepcional otorgar créditos a las entidades de intermediación financiera bajo el Programa que presenten deficiencias de liquidez y problemas de solvencia. Esta asistencia será otorgada hasta tanto la Superintendencia de Bancos dictamine sobre la viabilidad de la entidad de intermediación financiera.
  • Fondo de Consolidación Bancaria (FCB): Fondo creado de conformidad con las disposiciones del Artículo 5 de la Ley No.92-04, para la capitalización bancaria y/o reestructuración de activos, la compensación de activos o, en último caso, la garantía de depósitos, previstas en el Programa que instituye la referida Ley.
  • Activos rentables: son los activos de una entidad de intermediación financiera, excluida la cartera de créditos e inversiones clasificadas C, D y E, cartera de créditos a relacionados, participaciones de control en empresas financieras y no financieras, bienes adjudicados e inmuebles distintos a los de uso propio.

 

TITULO II

DE LA ASISTENCIA DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL

 

Artículo 5. El Banco Central podrá otorgar asistencia crediticia a las entidades de intermediación financiera que sean sometidas al Programa, hasta la fecha en que la Superintendencia de Bancos presente el dictamen a la Junta Monetaria sobre la viabilidad o no de la entidad, de conformidad con las disposiciones del Artículo 3 de la Ley No.92-04.

Artículo 6. La Asistencia de liquidez que otorgará el Banco Central a las entidades de intermediación financiera sometida al Programa y bajo la supervisión intensiva de la Superintendencia de Bancos, conforme se establece en el Artículo 32 de este Reglamento, se iniciará con la solicitud que presente la referida Superintendencia a esos efectos, previa aprobación por parte de la Junta Monetaria de la propuesta de aplicación del Programa Excepcional y, terminará una vez la misma haya entregado al Organismo regulador el informe contentivo del dictamen sobre la viabilidad de la entidad.

Artículo 7. La cuantía máxima de dicha asistencia no será superior al límite de 1 ½ (una vez y medio) del capital suscrito y pagado de la entidad bajo el Programa, conforme a lo establecido por el Artículo 33 de la Ley Monetaria y financiera, debiendo computarse dentro del mismo la totalidad de la asistencia crediticia otorgada con anterioridad por el Banco Central que se encuentre pendiente de cancelación.

Artículo 8. Todos los créditos otorgados por el Banco Central a las entidades de intermediación financiera bajo este Programa serán proporcionados en moneda nacional, a cuyos efectos se deberá presentar una solicitud de asistencia de liquidez al Banco Central con la opinión fundamentada de la Superintendencia de Bancos, la cual deberá verificar que el uso de los fondos haya sido para pagar a los depositantes.

CAPITULO UNICO

TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS CREDITOS

 

Artículo 9. Los créditos que otorgue el Banco Central a las entidades de intermediación financiera sometidas al Programa, tendrán una duración de seis (6) meses, plazo que podrá ser prorrogado hasta por dos (2) veces, siempre que dichas solicitudes de prórroga cuenten con la opinión favorable debidamente fundamentada de la Superintendencia de Bancos.

PARRAFO: Excepcionalmente, la Junta Monetaria con el voto favorable de todos sus miembros y previa solicitud fundamentada de la Superintendencia de Bancos, podrá autorizar al Banco Central a renovar estos créditos por un plazo adicional, previsto en este Artículo, de hasta tres (3) meses por dos veces consecutivas.

Artículo 10. Los créditos de asistencia de liquidez otorgados por el Banco Central a las entidades sometidas al Programa deberán cumplir con las condiciones siguientes:

a. Deberán contar con garantías de bajo riesgo, correspondiente a cualesquiera de los valores identificados en el Articulo 16 del Reglamento de Prestamista de Ultima Instancia del Banco Central, aprobado por la Junta Monetaria en su Cuarta Resolución de fecha 18 de diciembre del 2003 o, activos inmobiliarios tasados conforme a los criterios contenidos en el Instructivo para la integración del Capital Secundario, aprobado por la Superintendencia de Bancos en la Circular No.011/04 del 10 de diciembre del 2004 y sus modificaciones;

b. Las garantías de títulos emitidos por el Gobierno Dominicano y el Banco Central, así como la cartera de créditos hipotecaria se valorarán de conformidad con los criterios establecidos en el Capítulo VI De las Garantías del Reglamento precedentemente citado.

c. El valor de la garantía otorgada en ningún caso podrá ser inferior al cien por ciento (100%) del monto prestado;

d. La tasa de interés para estas facilidades crediticias será determinada por el Banco Central, la cual será a una tasa de interés menor al promedio ponderado de la tasa de interés activa de los bancos múltiples en ese momento;

e. El Banco Central no aplicará ningún margen adicional para estos créditos;

f. Las asistencias de liquidez otorgadas por el Banco Central deberán ser destinadas exclusivamente a cubrir obligaciones con los depositantes, conforme al orden de prelación establecido en la Ley Monetaria y Financiera.

 

Artículo 11. Las entidades de intermediación financiera sometidas al Programa que obtengan asistencia crediticia del Banco Central no podrán conceder créditos ni realizar nuevas inversiones por encima de los topes que reflejen sus libros a la fecha del desembolso del crédito, salvo aquellos que se realicen con cargo a recuperaciones.

Artículo 12. En todos los demás aspectos, tales como tramite de solicitud y documentación de apoyo de la misma, la asistencia de liquidez se regirá por lo dispuesto por el artículo 33 de Ley Monetaria y Financiera y su reglamento, relativo a la calidad de prestamista de última instancia del Banco Central.

TITULO III

DEL FONDO DE CONSOLIDACION BANCARIA (FCB)

 

CAPITULO I

CREACION, ADMINISTRACION Y PROPOSITOS

 

Artículo 13. El Banco Central de la República Dominicana, en lo adelante el Banco Central, como responsable de la creación y administración del Fondo de Consolidación Bancaria (FCB) deberá, dentro del plazo de treinta (30) días laborables, contado a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, elaborar y presentar a la aprobación de la Junta Monetaria los estatutos del referido Fondo.

Artículo 14. Luego de dictada la resolución aprobatoria, el Banco Central deberá realizar la debida diligencia a fin de obtener su incorporación al amparo de la nueva Ley No.122-05 Sobre Entidades Sin Fines de Lucro, de fecha 8 de abril del 2005, para dotar el Fondo de Consolidación Bancaria de personalidad jurídica independiente y patrimonio separado, de manera que se logre la implementación plena del Programa.

PARRAFO: Los recursos del Fondo de Consolidación Bancaria estarán disponibles, de conformidad con los criterios previstos en el presente Reglamento, a partir de la fecha en que la Junta Monetaria acoja favorablemente la propuesta de la Superintendencia de Bancos para que la entidad de intermediación financiera sea sometida al Programa.

Artículo 15. Los estatutos deberán definir los criterios para la integración del Consejo Directivo, su composición, funciones y toma de decisiones. Debiendo preservar los estatutos las disposiciones de la Ley en cuanto al mandato por el cual actúa, número de miembros, carácter honorífico y designación por la Junta Monetaria. Asimismo, deberán consignar las restricciones aplicables a las personas físicas para ser designados como miembros del Consejo Directivo, de manera que les sean aplicables las inhabilidades establecidas en el literal f) de la Ley Monetaria y Financiera y en el Reglamento de Apertura y Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y Oficinas de Representación.

PARRAFO: Todas las modificaciones que se realicen a los estatutos deberán contar con la aprobación de la Junta Monetaria.

Artículo 16. El Banco Central deberá suministrar el personal, local, mobiliario, equipo y las instalaciones que se requieran para el funcionamiento del Fondo de Consolidación Bancaria.

 

Artículo 17. El Fondo de Consolidación Bancaria será administrado por el Consejo Directivo siguiendo los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad que utiliza el Banco Central para la administración de las reservas internacionales. Estará dotado de recursos en efectivo, certificados del Banco Central, bonos del Estado Dominicano y cualquier otro activo líquido de características similares que determine la Junta Monetaria.

 

Artículo 18. El Consejo Directivo asistirá a la Junta Monetaria en la elaboración de los informes semestrales o con la periodicidad requerida que se deberán presentar al Congreso Nacional, con detalle de la utilización de los recursos asignados al Fondo de Consolidación Bancaria.

Artículo 19. El Fondo de Consolidación Bancaria deberá cumplir con los propósitos de su creación, es decir la canalización de los recursos públicos y privados con el objetivo de proteger a los depositantes y evitar el riesgo sistémico, minimizando el costo para el Estado y el impacto monetario por el uso de fondos públicos, mediante la capitalización bancaria o reestructuración de activos, la compensación de activos, y la garantía de depósitos.

CAPITULO II

APORTES, OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL FCB

 

Artículo 20. Todas las entidades de intermediación financiera deberán realizar aportes obligatorios al Fondo de Consolidación Bancaria, que serán determinados a razón de aplicar al total de las captaciones del público la tasa anual mínima de cero punto diecisiete por ciento (0.17%) establecida por la Ley No.92-04 o la que conforme a ella establezca la Junta Monetaria.

Artículo 21. Los aportes serán pagaderos trimestralmente por las entidades de intermediación financiera, mediante débitos automáticos a las cuentas corrientes que mantienen las entidades en el Banco Central.

Artículo 22. Las entidades financieras consideraran como gastos los aportes que realicen al Fondo de Consolidación Bancaria, debiendo el Banco Central, por recomendación escrita del Consejo de Administración del mismo, suspender la integración de aportes de dichos intermediarios cuando la suma acumulada de sus contribuciones iguale o supere el diez por ciento (10%) de los fondos aportados por el Estado, netos de cualquier recuperación de inversiones, cobro de venta de activos o cualquier otro ingreso que pudiera recibirse por el mencionado fondo. Así mismo, deberán restaurarse los aportes si la suma acumulada de las aportaciones se sitúa por debajo de ese tope.

Artículo 23. Cuando la suma acumulada de las aportaciones de las entidades financieras supere el tope del diez por ciento (10%) de los fondos netos aportados por el Estado, el Banco Central procederá a la devolución del exceso en la forma que se indique en los estatutos de incorporación del FCB que serán aprobados por la Junta Monetaria.

CAPITULO III

NATURALEZA Y CUANTIA DE LOS RECURSOS

CON QUE SE DOTARA EL FONDO DE CONSOLIDACION BANCARIA

 

Artículo 24. El Fondo de Consolidación Bancaria se dotará de recursos en efectivo provenientes de los aportes realizados por las entidades de intermediación financiera y el Estado Dominicano, certificados del Banco Central, bonos del Estado Dominicano, acciones e instrumentos de deuda subordinada emitidos a favor de las entidades y, con otros instrumentos que la Junta Monetaria determine en el futuro.

Artículo 25. La cuantificación de obligaciones privilegiadas de primer orden será efectuada por la Superintendencia de Bancos, en base a los resultados de una inspección extraordinaria que ésta deberá realizar a partir de la fecha en que sea adoptada por la Junta Monetaria la resolución que apruebe la propuesta de la Superintendencia de Bancos, de someter al Programa una entidad de intermediación financiera, luego de haberse cumplido con los requisitos legales para la adopción de la misma.

Artículo 26. Los valores recuperados por la venta de las acciones y deuda subordinada en bancos recapitalizados con recursos del Fondo de Consolidación Bancaria, ingresarán a dicho fondo en la medida en que la Junta Monetaria considere necesario incrementar su cuantía, constituyendo ingresos para el Estado la cuantía remanente.

TITULO IV

DE LA HABILITACION DEL PROGRAMA EXCEPCIONAL

PARA LA PREVENCION DEL RIESGO SISTEMICO

 

CAPITULO I

CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO PARA LA HABILITACION

 

Artículo 27. La Superintendencia de Bancos, en lo adelante la Superintendencia, como organismo responsable de la supervisión de las entidades intermediación financiera, deberá evaluar que dichas entidades cumplan en todo momento con el coeficiente de solvencia, viabilidad financiera, liquidez, así como con las metas de capitalización fijadas por la autoridad competente en sus planes de regularización, cuando correspondan.

Artículo 28. Cuando la Superintendencia de Bancos determine que una o más entidades de intermediación financiera presenten problemas de liquidez de forma reiterativa, de solvencia, viabilidad financiera, así como con las metas de capitalización fijadas por la autoridad competente en sus planes de regularización cuando correspondan, serán sometidas por ésta a un proceso de evaluación para determinar el efecto que tendría el cierre de la entidad en el sistema financiero.

Artículo 29. La evaluación de la Superintendencia de Bancos deberá tomar en consideración la posición o incidencia de la entidad en el subsector al que pertenezca en el sistema financiero, el número de sucursales y su ubicación en el sistema, el número de depositantes, entre otros aspectos cuantitativos y cualitativos que la Superintendencia de Bancos estime necesarios, en el entendido de que este listado es enunciativo y no limitativo, por lo que la Superintendencia de Bancos podrá incluir cualquier otro aspecto que considere relevante para la decisión de la habilitación o no del Programa.

Artículo 30. Si la Superintendencia de Bancos determinase que existen fundamentados indicadores de que el sistema financiero puede sufrir un efecto negativo de contagio sistémico presentará una propuesta debidamente motivada a la Junta Monetaria, para que dichas entidades sean sometidas al Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para Entidades de Intermediación Financiera, en lo adelante el Programa.

PARRAFO: Si la Superintendencia de Bancos determinase que no existen posibilidades de contagio para el sistema financiero en su conjunto, la entidad de intermediación financiera de que se trate será sometida al procedimiento de disolución previsto por el Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera, aprobado por la Primera Resolución de la Junta Monetaria del 2 de julio del 2003.

Artículo 31. Hasta tanto la Junta Monetaria adopte una decisión, la Superintendencia de Bancos deberá ejecutar un régimen de supervisión intensiva de la entidad de intermediación financiera de que se trate, al amparo de las disposiciones contenidas en el Artículo 60 de la Ley Monetaria y Financiera.

Artículo 32. La Junta Monetaria conocerá y decidirá mediante resolución fundamentada si acoge o no la propuesta de la Superintendencia de Bancos dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas establecido. Si la propuesta fuese acogida, previo a la notificación e implementación de la misma se deberá asegurar el cumplimiento de lo siguiente:

a. Que los votos del Gobernador del Banco Central y del Secretario de Estado de Finanzas hayan sido a favor de la aprobación de la propuesta de implementación del Programa, lo cual consta, en el Acta correspondiente a la reunión de la Junta Monetaria donde se tomó la decisión aprobatoria.

b. Que la Junta Monetaria haya obtenido por escrito la no objeción del Presidente de la República y que dicha no objeción haya sido comunicada a dicho Organismo, en relación con el uso de fondos públicos para la ejecución del Programa.

 

Artículo 33. La decisión de la Junta Monetaria una vez recibida la no objeción del Presidente de la República, será ejecutoria de inmediato no obstante la interposición de cualquier recurso. Igual tratamiento recibirán las acciones y medidas que adopte la Superintendencia de Bancos, para asumir el control de la entidad sometida al Programa.

Artículo 34. Una vez se tome la decisión de habilitación del Programa, la Junta Monetaria creará un Comité Coordinador de alto nivel, que facilite la aplicación oportuna de la Ley y el presente Reglamento. En dicho Comité deberán estar representados el Banco Central, la Secretaría de Estado de Finanzas y la Superintendencia de Bancos, así como los miembros de la Junta Monetaria que ésta determine.

PARRAFO: Dicho Comité no tendrá un carácter permanente, y sus miembros no recibirán pagos adicionales por las funciones que realicen. El Banco Central y la Superintendencia de Bancos deberán elaborar un instructivo para establecer la manera en que se conformará el Comité Coordinador, sus funciones, toma de decisiones, duración y periodicidad con que se reunirán.

Artículo 35. Mediante la resolución aprobatoria la Junta Monetaria facultará a la Superintendencia de Bancos a realizar todas las actuaciones cautelares que sean necesarios para proteger a los depositantes y demás acreedores de la entidad sometida al Programa, evitar el riesgo sistémico, minimizar el costo para el Estado, así como el impacto monetario negativo que pudiese ocasionar sobre la economía nacional.

Artículo 36. La Superintendencia de Bancos quedará facultada también para ejercer las atribuciones de suspender los derechos de los accionistas y directores, y remover a los gerentes y funcionarios con jerarquía equivalente a éstos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 2 de la Ley No.92-04. Asimismo, podrá tomar las acciones y medidas que se indican a continuación. Estas acciones tienen carácter enunciativo y no limitativo:

a) Seleccionar una firma auditora externa debidamente calificada de las inscritas en su registro, para que determine el valor patrimonial de la(s) entidad(es) sometida(s) al Programa.

b) Deducir las pérdidas siguiendo las disposiciones establecidas por el Literal b) del Artículo 46 de la Ley Monetaria y Financiera, sin gradualidad;

c) Ordenar en la contabilidad de la entidad sometida al programa, el registro de las pérdidas, los castigos, reservas, provisiones y demás ajustes que, siendo mandatarios, se encontraren pendientes a la fecha de la Resolución;

d) Determinar las prestaciones laborales de los funcionarios y empleados de la entidad;

e) Elaborar la relación de activos y pasivos de la entidad conforme a los criterios establecidos en los literales d) y e) del Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera.

f) Exigir la inmediata cancelación de las obligaciones de los accionistas, directores y administradores de la entidad bajo el Programa, sea como deudores o garantes, por operaciones de crédito y sobregiros a favor de vinculados o a su favor, incluidas las obligaciones a término que para estos efectos se entenderán de plazo vencido.

g) Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una rehabilitación rápida y progresiva;

h) Adelantar el recaudo de los dineros y la recuperación de los activos que por cualquier concepto deban ingresar a la entidad, para lo cual podrá ofrecer incentivos por la denuncia de la existencia y entrega de tales activos en el territorio nacional o en el extranjero;

i) Velar por la conservación de los bienes de la entidad adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto;

j) Supervisar la continuación de la contabilidad en los libros, en caso de no ser posible, proveer su reconstrucción e iniciar la misma;

k) Ejecutar o velar que se ejecuten todos los actos y efectuar todos los gastos que a su juicio sean necesarios para la conservación de los activos y archivos de la entidad;

l) Ordenar la suscripción o celebrar todos los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo y la reestructuración de la entidad, incluidos los negocios o encargos fiduciarios que faciliten la agilización de la implementación del programa;

m) Ordenar y supervisar la realización de los bienes recibidos en prenda, cancelación de hipotecas, transferencia de contratos de arrendamiento vigentes y representar a la entidad en las sociedades en que sea socia o accionista, así como transigir, comprometer, compensar o desistir judicial o extrajudicialmente, siempre que no se afecte la igualdad de los acreedores de acuerdo con la ley;

n) Vender, previo avalúo y sin necesidad de peritajes judiciales, activos de la entidad;

o) Dar por terminados los contratos de trabajo de empleados cuyo servicio no se requiera y conservar o contratar los que sean necesarios para el debido desarrollo del programa;

p) Promover las acciones de responsabilidad civil o penal que correspondan, contra los administradores, directores, accionistas, funcionarios y empleados de la entidad bajo el programa;

q) Propiciar acuerdos cuyo objeto consista en la continuación por un nuevo fiduciario de la gestión, orientada a alcanzar las finalidades previstas en los contratos fiduciarios celebrados por la entidad bajo el programa, antes de efectuar las restituciones a los fideicomitentes a que haya lugar;

r) Atender con recursos de la entidad bajo el programa, los gastos de los procesos que se instauren frente a los administradores o gerentes que la Superintendencia de Bancos designe; sin perjuicio de que, en el evento en que sea declarada su responsabilidad por dolo o culpa grave, la entidad bajo el programa repita por lo pagado por tal concepto;

s) Realizar todos los actos que a su juicio resulten necesarios para poner en práctica el programa.

t) Pagar con los recursos de la entidad todos los gastos en que incurra por concepto del proceso de prevención de riesgo sistémico, previsto en el presente Reglamento, por cuenta de ésta.

 

CAPITULO II

DE LA ELEGIBILIDAD Y DETERMINACION

DE VIABILIDAD Y SOLVENCIA DE LA ENTIDAD

 

SECCION I

DE LA VIABLIDAD DE LA ENTIDAD

 

Artículo 37. Dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la resolución aprobatoria, la Superintendencia de Bancos deberá presentar a la Junta Monetaria una propuesta de reestructuración de la entidad con apego a la Ley que crea el Programa y el presente Reglamento, debiendo incluir en la misma una evaluación de los costos estimados de las alternativas planteadas, basadas en prácticas internacionales así como un análisis sobre la viabilidad y solvencia de la entidad.

Artículo 38. Para la realización de dicha propuesta la Superintendencia de Bancos podrá contratar los servicios de expertos independientes, nacionales o extranjeros, de prestigio internacional, para que elaboren un informe sobre la viabilidad y/o solvencia de la entidad de intermediación financiera objeto de evaluación, y determinen los costos estimados para su reestructuración. Dichos expertos efectuarán su evaluación siguiendo las mejores prácticas internacionales y los criterios que defina la Superintendencia de Bancos. El informe deberá determinar entre otros aspectos lo siguiente:

a. Desbalance entre activos y pasivos;

b. El valor de franquicia de la entidad financiera;

c. La proporción de activos rentables sobre el total de activos;

d. Los niveles de liquidez;

e. Posicionamiento estratégico de la entidad;

f. El monto estimado y las acciones necesarias para viabilizar la operatividad de la entidad;

g. Acciones a tomar para reforzar patrimonial, financiera y administrativamente la entidad;

h. El costo estimado del proceso de rehabilitación;

i. Monto de crédito o de asistencia crediticia que se requieren para la reestructuración de la entidad;

j. Plan de trabajo para la rehabilitación de la entidad, incluyendo acciones legales, administrativas y de negocios que se adoptarán así como la etapa de licitación para su traspaso o venta de la totalidad de activos y pasivos;

k. Otros indicadores financieros y comerciales que se consideren necesarios.

 

 

Artículo 39. Tomando como base el informe de los citados expertos la Superintendencia de Bancos decidirá sobre la viabilidad de la entidad financiera de que se trate, y la someterá con su opinión fundamentada a la Junta Monetaria, contemplando la propuesta de reestructuración de la entidad de intermediación financiera. En caso de que la opinión de la Superintendencia de Bancos difiera del informe de los expertos, dicho Organismo elevará el referido informe y su propia opinión a la Junta Monetaria, la cual adoptará su decisión final sobre la viabilidad de la entidad de intermediación financiera. Esta resolución será pública, a requerimiento de la parte interesada.

Artículo 40. El Banco Central no podrá otorgar asistencia de liquidez a la entidad bajo el Programa, según se refiere en el Titulo III de este Reglamento, a partir de la fecha en que la Junta Monetaria reciba el dictamen de la Superintendencia de Bancos sobre la viabilidad de la entidad de intermediación financiera,

 

Artículo 41. Con la aprobación de la propuesta de reestructuración, y partiendo de la identificación de las pérdidas indicadas en el referido Informe, el Fondo de Consolidación Bancaria (FCB) deberá cubrir el desbalance entre activos y pasivos, para colocar a la entidad en condiciones que permitan su negociación o traspaso apropiadamente. Previo al desembolso, la Superintendencia de Bancos deberá iniciar la determinación de responsabilidades civiles y penales que corresponda, conforme se indica en el Artículo 45 de este Reglamento.

Artículo 42. La Superintendencia de Bancos deberá verificar que la entidad de intermediación financiera sujeta al Programa cumpla con lo dispuesto en los literales a), b), c) y d) del Artículo 8 de la referida Ley de Riesgo Sistémico, en cuanto a los aspectos siguientes:

a) Que los préstamos de la entidad otorgados a partes vinculadas no estén en mora, debiendo la Superintendencia de Bancos establecer un calendario para el desmonte de los excesos al límite de crédito a vinculados establecido por la ley;

b) Que hayan sido reconocidas por completo las pérdidas y se hubiese realizado la reducción de capital con el consecuente efecto sobre el valor de las acciones de la entidad;

c) Que se haya fortalecido la administración de la entidad financiera y el Fondo de Consolidación Bancaria (FCB) realice la designación de miembros en el Consejo de Directores de la entidad. Dicho Consejo estará conformado por un mínimo de cinco (5) personas físicas, a los que le serán aplicables las disposiciones contenidas en el literal f) del Artículo 38 de la Ley Monetaria y Financiera y su Reglamento de aplicación; y,

d) Que los miembros del Consejo de Directores de la entidad tengan la solvencia moral y probidad requeridas por el Fondo de Consolidación Bancaria.

 

SECCION II

DE LA SOLVENCIA DE LA ENTIDAD

 

Artículo 43. Luego de efectuar los ajustes y reconocimientos de provisiones correspondientes sin gradualidad, la Superintendencia de Bancos deberá calcular el coeficiente de solvencia de la entidad, para determinar si el mismo es superior o inferior al mínimo regulatorio.

Artículo 44. Si la Superintendencia de Bancos determinase que el coeficiente de solvencia de la entidad sometida al Programa está por debajo del mínimo regulatorio por efecto de malas practicasremoverá a los responsables de dichas prácticas bancarias de la entidad de intermediación financiera, e iniciará una auditoría forense para establecer las responsabilidades individuales por dolo y/o, fraudes si los hubiere, a fin de someterlos a los tribunales civiles y penales que correspondan. Para estos efectos la Superintendencia de Bancos podrá contratar una firma nacional o extranjera, de prestigio internacional, para que realice las investigaciones que sean necesarias.

Artículo 45. Una vez efectuadas las acciones indicadas en el Artículo precedente, la Superintendencia de Bancos convocará una junta general extraordinaria de accionistas, a través de un medio de amplia circulación nacional, a los fines de ofrecerles la opción de aumentar e integrar el capital necesario para alcanzar el coeficiente de solvencia mínimo regulatorio, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 9 de la Ley que crea el Programa.

Artículo 46. Los accionistas interesados deberán realizar el referido aumento de capital dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la oferta que le formule la Superintendencia de Bancos, y si los accionistas no efectuaran los aportes necesarios dentro del indicado plazo, o si los aportes para aumentar e integrar el capital de la entidad fueran insuficientes para alcanzar el coeficiente de solvencia mínimo regulatorio, la Superintendencia de Bancos procederá a someter la misma mediante comunicación fundamentada al Programa de Capitalización Parcial con Recursos del Fondo de Consolidación Bancaria, para que sea completada la capitalización a través de la suscripción de acciones o de deuda subordinada en la forma prevista por el Artículo 8 de la Ley y el presente Reglamento, hasta el monto que permita a la entidad alcanzar el coeficiente de solvencia mínimo regulatorio.

Artículo 47. El monto máximo de recursos del Fondo de Consolidación Bancaria que se podrá utilizar en la capitalización de la entidad será el determinado por la diferencia entre el valor del patrimonio neto necesario para alcanzar el coeficiente de solvencia mínimo regulatorio y el valor del patrimonio neto de la entidad financiera que hubiera determinado la Superintendencia de Bancos.

PARRAFO: Si por limitaciones taxativamente contenidas en la Ley que crea el Programa, el Fondo de Consolidación Bancaria no pudiese atender la totalidad de las necesidades de capitalización de la entidad y, el Estado Dominicano por circunstancias excepcionales no tuviere recursos disponibles para aportarlos a dicho Fondo, el Banco Central, actuando por encargo del Estado, podrá otorgar asistencia crediticia hasta completar el patrimonio necesario para que la entidad alcance el coeficiente de solvencia mínimo regulatorio.

Artículo 48. Previo a que el Fondo de Consolidación Bancaria suscriba las acciones o la deuda subordinada, los accionistas de la entidad financiera deberán suscribir un memorando de entendimiento con la Superintendencia de Bancos, como resultado de un acuerdo unánime de los socios que se deberá hacer constar en el Acta de la junta general extraordinaria de accionistas. Asimismo, se deberán hacer constar en el acuerdo, las disposiciones contenidas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Artículo 8 de la Ley.

 

CAPITULO III

DE LA VENTA, FUSION O COMPRA

DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA ENTIDAD

 

Artículo 49. Una vez el Fondo de Consolidación Bancaria haya proporcionado los recursos y la entidad alcance el coeficiente de solvencia mínimo regulatorio y se haya logrado reestablecer la estabilidad y confianza en la entidad, en un período que no exceda los noventa (90) días, el Consejo Directivo podrá iniciar gestiones para contactar posibles inversionistas a fin de que adquieran la entidad sometida al Programa. Dichas gestiones podrán incluir la realización de ofertas a nivel internacional mediante licitaciones, debiendo otorgarse un tratamiento igualitario a inversionistas nacionales y extranjeros, para la presentación de ofertas de compra, en caso de que se decidiese una licitación internacional.

Artículo 50. De no recibirse propuestas de compra concretas de la entidad bajo el Programa, el FCB deberá entonces dirigir una comunicación a los demás bancos manifestándoles su interés de recibir propuestas de fusión o compra de activos y pasivos de la entidad.

Artículo 51. Independientemente de la modalidad de negociación que resulte, los inversionistas y los bancos interesados en la compra, fusión, traspaso de activos y pasivos o recapitalización directa del Fondo de Consolidación Bancaria a la entidad bajo el Programa, deberán someter la propuesta correspondiente dentro del plazo de ocho (8) días hábiles establecidos, contado a partir de la fecha de recibo de la publicación o comunicación, según corresponda. Asimismo, la Junta Monetaria tendrá un plazo máximo de setenta y dos (72) horas, contado a partir de la recepción de la propuesta, para conceder una licencia a la nueva entidad financiera y aprobar su disolución.

Artículo 52. Desde el momento en que se decida la aplicación del programa de capitalización total con recursos del fondo, la actividad financiera de la entidad sometida al programa deberá suspenderse cautelarmente, para facilitar el proceso de disolución d la entidad, a los fines previstos en el Artículo precedente.

Artículo 53. Dentro del plazo indicado en el Artículo 51, los bancos interesados deberán remitir una comunicación a la Junta Monetaria, vía la Superintendencia de Bancos, adjuntando su propuesta de fusión con la entidad sometida al Programa. La Superintendencia de Bancos deberá tramitar las propuestas con su opinión fundamentada, para que sea la Junta Monetaria quien evalúe las opciones, a cuyos efectos emitirá una resolución motivando la misma. En caso de acoger favorablemente una de las propuestas, dicha fusión se deberá materializar con apego a las normas establecidas por el Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y Oficinas de Representación, aprobado por la Primera Resolución de la Junta Monetaria del 11 de mayo del 2004.

Artículo 54. Para la exclusión de activos y pasivos del balance de la entidad financiera sometida al Programa de capitalización total, se deberá seguir el orden de exclusión de pasivos establecido en el literal e) del Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera, debiendo excluirse primero todas las obligaciones privilegiadas de primer orden.

Artículo 55. Todos los activos y pasivos excluidos de la entidad financiera sometida al programa, constituirán el balance de una nueva entidad financiera, cuya licencia será concedida por la Junta Monetaria.

Artículo 56. En caso de que el valor contable neto de los activos rentables de la entidad sometida al Programa, excluyendo cartera e inversiones clasificadas C, D y E, cartera relacionada, participaciones de control en empresas financieras y no financieras, bienes adjudicados e inmuebles distintos a los de uso propio, resulte superior al valor de las obligaciones privilegiadas de primer orden, se procederá a la exclusión de las obligaciones privilegiadas de segundo orden, hasta el máximo que permita el valor de los referidos activos rentables.

Artículo 57. Los activos excluidos de la entidad financiera sometida al Programa tendrán un importe equivalente a los pasivos excluidos. Los activos se excluirán de acuerdo con su valor en libros, netos de provisiones, reservas y cualquier otro ajuste y siguiendo el criterio de asegurar la viabilidad financiera y comercial de la nueva entidad financiera, debiendo iniciarse la exclusión, siempre por los activos rentables definidos anteriormente.

Artículo 58. En caso de que el valor neto en libros de los activos rentables, con las exclusiones mencionadas, resultase inferior al de las obligaciones privilegiadas de primer orden, el Fondo de Consolidación Bancaria aportará la diferencia, hasta un máximo equivalente al valor de las obligaciones privilegiadas de primer orden.

Artículo 59. El fondo aportará los activos necesarios para constituir el capital de la nueva entidad financiera, de acuerdo a los requerimientos vigentes, suscribiendo acciones por un monto que le permitan permanecer como accionista mayoritario. Los activos financieros aportados por el fondo, deberán tener las características de liquidez y rentabilidad necesarias para asegurar la viabilidad de la nueva entidad financiera.

Artículo 60. Las transferencias, en cualesquiera de sus formas, de activos y pasivos de la entidad bajo el Programa, no requerirán del consentimiento de los directivos, accionistas, deudores, acreedores y cualesquiera titulares, implicando las mismas transmisiones plenas e irrevocables y automáticas, efectos de transmisión de obligaciones y derechos.

Artículo 61. Las disposiciones de la Superintendencia de Bancos en relación a las transferencias de activos y obligaciones privilegiadas de la entidad bajo el Programa, no requerirán de autorización judicial alguna.

Artículo 62. Las transferencias de activos y pasivos de la entidad bajo el Programa estarán exentas del pago de impuestos, tasas, aranceles nacionales o municipales de cualquier índole. Las transferencias de activos serán inscritas en los registros públicos correspondientes, de conformidad con las normas legales vigentes, siendo suficiente para practicar la inscripción o anotación, la presentación de la disposición de la Superintendencia de Bancos indicativa de la cesión.

Artículo 63. En caso de que la transferencia incluya bienes y garantías sujetas a registro, las correspondientes inscripciones o anotaciones no alterarán la preferencia original o rango que correspondía al transferente y que se traspasará a la nueva entidad. En estas inscripciones o anotaciones se aplicará la tasa o arancel previsto para contratos sin cuantía.

Artículo 64. En los casos en que el Fondo de Consolidación Bancaria participe como accionista mayoritario de una entidad sometida al Programa, este contratará un equipo de administración profesional para la gestión de la nueva entidad financiera, dentro de un plazo improrrogable de quince (15) días contados a partir de la fecha de capitalización de la entidad. El contrato garantizará al equipo de administración una total autonomía en la gestión de la entidad financiera, por un plazo que no podrá superar los 24 meses y un esquema de remuneración ligado a resultados, debiendo preverse incentivos para la pronta privatización de la entidad.

PARRAFO: La Superintendencia de Bancos deberá verificar que los miembros del equipo de administración que sea contratado, tenga la capacidad gerencial requerida, y que sobre los mismos no existan las causales de inhabilitación establecidas por el Reglamento de Apertura y Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y Oficinas de Representación. A éstos efectos el Fondo de Consolidación Bancaria deberá someter a la Superintendencia de Bancos los expedientes o currículums de los referidos profesionales. Igual procedimiento deberá seguirse cuando se produzcan cambios o adiciones en el equipo de administración.

Artículo 65. El equipo de administración deberá presentar un plan de negocios dentro del plazo de 60 días calendario, contado a partir de su nombramiento. La Superintendencia de Bancos verificará que dicho plan de negocios persiga la privatización de la entidad, en el plazo más breve posible.

TITULO V

DEL USO DE FONDOS PUBLICOS EN LA HABILITACION DEL PROGRAMA

 

Artículo 66. La comunicación escrita que dirija el Presidente de la República a la Junta Monetaria informando sobre la no objeción y su autorización de que se utilicen fondos públicos para la ejecución del Programa, servirá de base para las coordinaciones presupuestarias que se deberán realizar, a fin de ejecutar el Programa en la forma prevista en el presente Reglamento.

Artículo 67. La cantidad de recursos que podrá otorgar el Banco Central por cuenta del Estado estará en función de la totalidad de obligaciones privilegiadas de primer orden que mantenga(n) la(s) entidad(es) de intermediación financiera sometida(s) al Programa, las cuales serán determinadas por la Superintendencia de Bancos en inspección extraordinaria.

Artículo 68. La entrega de los recursos del Banco Central por cuenta del Estado, se podrá realizar en efectivo y certificados de dicho banco que sean necesarios. Previo a su desembolso se deberá contar con la resolución que a esos efectos emitirá la Junta Monetaria, donde se incluirán los términos y condiciones que más adelante se indican, sin que los mismos sean limitativos sino más bien enunciativos:

a. Monto de los recursos;

b. Modalidad de entrega (efectivo o certificados financieros);

c. Plazo otorgado para el pago.

 

PARRAFO: La asistencia crediticia por encargo del Estado Dominicano que el Banco Central otorgue a las entidades de intermediación financiera sometida al Programa no estará limitada a la fecha de entrega del documento sobre la viabilidad de la entidad a que se refiere el Artículo 38 de este Reglamento.

Artículo 69. El Secretario de Estado de Finanzas, en consonancia con las disposiciones del párrafo I, del Artículo 115 de la Constitución de la Republica, determinará los recursos presupuestarios necesarios para el repago por parte del Estado al Banco Central de los avances que este último hubiere efectuado y, promoverá su aprobación en el Congreso Nacional vía el Poder Ejecutivo. Dicho pago se deberá efectuar dentro del plazo máximo de tres (3) años contados a partir de la fecha en que el Banco Central finalice la entrega de la totalidad de los recursos avanzados.

Artículo 70. La Junta Monetaria dará cuenta semestralmente y cada vez que así lo requiera el Congreso Nacional, de la utilización detallada de los recursos avanzados por el Banco Central y que deberá repagar el Estado Dominicano.

TITULO VI

ENTIDADES NO VIABLES Y/O SOLVENTES

 

Artículo 71. En caso de que la entidad financiera sometida al Programa haya sido considerada no viable y que ninguna otra entidad esté dispuesta a adquirir las obligaciones privilegiadas de primer orden de dicha entidad o se hayan agotado todas las posibilidades de transferir sus activos y pasivos a otra entidad, el Fondo de Consolidación Bancaria procederá a honrar los depósitos de la misma, en un plazo que nunca podrá exceder de treinta (30) días calendario, contado a partir del momento de la referida declaratoria. En este caso, nunca se considerarán para fines de pago los depósitos correspondientes a las operaciones de ultramar (off-shore o transfronterizas).

Artículo 72. Para efectos del pago, se llevará a cabo un concurso por invitación de la Superintendencia de Bancos y el Fondo de Consolidación Bancaria, para la elección del banco pagador. Si el concurso fuera declarado desierto, el Banco de Reservas deberá asumir dicha función.

TITULO VII

DISPOSICIONES FINALES

 

CAPITULO I

INHABILIDADES Y SANCIONES

 

Artículo 73. La Superintendencia de Bancos deberá llevar un registro de las personas que hayan sido inhabilitadas por la Ley No.92-04, para participar como tales en el sistema financiero dominicano, por encontrarse desempeñando funciones como administradores, directores, gerentes y apoderados generales en las entidades de intermediación financiera al momento de que dichas entidades sean sometidas al Programa o hayan estado prestando funciones en ellas en los últimos doce (12) meses previo a la aplicación del Programa. Asimismo, aplicará el régimen de sanciones administrativas y penales previstas en la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de Sanciones.

Artículo 74. Dicho registro será puesto en conocimiento de las entidades de intermediación financiera por la Superintendencia de Bancos, para que éstas se abstengan de contratar las personas inhabilitadas.

PARRAFO: Las entidades de intermediación financiera que contraten personas sin observar esta disposición, se harán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas.

CAPITULO II

REGIMEN DE RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS

 

Artículo 75. Los funcionarios de las entidades que componen la Administración Monetaria y Financiera que participen en la aplicación del Programa previsto en la Ley, estarán sujetos al régimen de responsabilidad frente a los terceros, establecido por el Artículo 7 de la Ley Monetaria y Financiera. 

 

30 septiembre 2005

Publicado: 13 mayo 2005

Reglamento de aplicación de la ley No. 92-04, programa excepcional de prevención del riesgo para las EIF (Riesgo Sistémico)

El presente Reglamento tiene por objeto definir los criterios y procedimientos que deberá seguir la Administración Monetaria y Financiera para la aplicación del Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para las Entidades de Intermediación Financiera, creado por la Ley No.92-04 de fecha 7 de enero del 2004, en lo adelante la Ley.