Tabla de contenido
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ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA

AVISO

Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su Primera Resolución de fecha 6 de octubre del 2011, cuyo texto se transcribe a continuación:

VISTA la comunicación No.021803 de fecha 4 de octubre del 2011, dirigida al Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria por el Gerente de dicha Institución, mediante la cual somete al conocimiento de la Junta Monetaria las modificaciones al Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera, sobre la base de la matriz comparativa que incorpora las observaciones recibidas de los sectores interesados;

VISTA la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre del 2002;

VISTA la Ley No.189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, de fecha 16 de julio del 2011;

VISTO el Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera, aprobado mediante la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 2 de julio del 2003;

VISTA la Tercera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 18 de agosto del 2011, mediante la cual se declara de urgencia y se autoriza la publicación para fines de consulta de los sectores interesados, los reglamentos derivados de la Ley No.189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, antes citada;

VISTA la Sexta Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 18 de agosto del 2011, mediante la cual autorizó la publicación para consulta pública de la propuesta de modificación del Reglamento de Disolución y Liquidación de entidades de Intermediación Financiera;

VISTA la comunicación No.0831 de fecha 28 de septiembre del 2011, dirigida al Gobernador del Banco Central por el Superintendente de Bancos, mediante la cual remite sus observaciones a la propuesta de modificación al Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera;

VISTA la comunicación No.020882 de fecha 20 de septiembre del 2011, dirigida al Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria por el gerente de dicha Institución, mediante la cual le remite la matriz comparativa con las observaciones recibidas en el proceso de consulta de la propuesta de modificación al Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera, con los comentarios técnicos correspondientes;

VISTA la matriz comparativa del Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera con las observaciones recibidas en el proceso de consulta por parte de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA);

CONSIDERANDO que el Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera, tiene por objeto establecer el procedimiento que deberá seguir la Superintendencia de Bancos para la disolución de las entidades de intermediación financiera de carácter accionario que hayan incurrido en una de las causales contenidas en el Artículo 62 de la Ley Monetaria y Financiera, antes citada. Asimismo, define el procedimiento de disolución que deberá seguir la Superintendencia de Bancos para la extinción de las referidas entidades, las responsabilidades de los organismos que intervienen durante el proceso, así como las normas que deberán seguirse para la liquidación administrativa;

CONSIDERANDO que se recibieron observaciones de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), respecto al Proyecto de modificación del Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera, las cuales fueron debidamente analizadas y ponderadas;

CONSIDERANDO que los comentarios de la Superintendencia de Bancos parten de la matriz comparativa elaborada con la incorporación de las observaciones de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), cuya propuesta había sido consensuada entre el Banco Central y dicho Organismo Supervisor;

CONSIDERANDO que la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera contempla en el Artículo 62 las causales de la disolución, en el Artículo 63 el Procedimiento de Disolución; y en el Artículo 65 los Mecanismos Subsidiarios de Liquidación;

CONSIDERANDO que en su informe la Gerencia del Banco Central señala que de acuerdo a lo establecido en el literal k) del Artículo 63 de la citada Ley Monetaria y Financiera, se requiere reglamentar todo lo relativo a la aplicación de los mecanismos de disolución previstos en los literales de dicho artículo, a las entidades de intermediación financiera de naturaleza no accionaria, sin perjuicio de las disposiciones aplicables de sus leyes especiales, por lo que en la propuesta de modificación se ha incluido la parte relativa a dichas entidades, de manera que el citado Reglamento contenga las disposiciones tanto para las entidades accionarias como para las no accionarias;

CONSIDERANDO que otro de los objetivos de la modificación del Reglamento de Disolución, es para adecuarlo a las disposiciones del Artículo 83 de la Ley No.189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, el cual establece que al inicio de todo proceso de disolución y/o liquidación de una entidad de intermediación financiera, los valores para el financiamiento de la vivienda y la construcción emitidos y en circulación, serán considerados como ‘obligaciones privilegiadas’ y serán transferidos conjuntamente con los préstamos hipotecarios que los respaldan y sus respectivas garantías hipotecarias a otra entidad de intermediación financiera autorizada, quedando de esta forma ampliado y modificado los literales d) y e) del Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera, en lo concerniente a los criterios para la exclusión de activos y pasivos en los casos de disolución de entidades de intermediación financiera;

CONSIDERANDO que la Gerencia del Banco Central destaca que la generalidad de las observaciones formuladas por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), corresponden a precisiones de forma y fundamentalmente en aspectos de redacción, que procuran un mejor entendimiento y comprensión del texto del Proyecto de Reglamento;

CONSIDERANDO que como consecuencia de lo anterior, entre las observaciones que fueron acogidas se destaca la propuesta de modificar el Artículo 6 en los aspectos siguientes: a) sustituir la expresión ‘juicios interpuestos’ por ‘procesos de ejecución seguidos’; b) incorporar en dicho artículo la expresión ‘automáticamente revocados’ en el contexto del cese en sus funciones de los miembros del consejo de administración o su equivalente y los representantes legales de la entidad, cuando se declare la disolución; y, c) aclarar que las funciones y facultades de los accionistas o asociados y del consejo de administración serán ejercidas por los funcionarios designados por la Superintendencia de Bancos;

CONSIDERANDO que además se acogió la propuesta de una redacción más clara del Artículo 8, en lo referente al proceso de titularización, así como la redacción propuesta en el Ordinal I del Artículo 9, el cual está acorde al contenido de la Ley Monetaria y Financiera. Se decidió eliminar la opción de que se excluya el efectivo y con los recursos del Fondo de Contingencia se complete el monto de los pasivos exigibles que haya propuesto una entidad de intermediación financiera. Se sugirió una redacción que conduciría a que el proceso de liquidación administrativa tenga por finalidad la pronta identificación y realización de los activos y un proceso ágil, eficiente y transparente;

CONSIDERANDO que en cuanto a las observaciones no acogidas, se destaca la propuesta de que en el alcance se precisara que el procedimiento de disolución lo deberá cumplir la Administración Monetaria y Financiera; la modificación de la redacción de los Artículos 3 y 4; que se ampliara el literal c) del Artículo 16 en lo referente a la prórroga del procedimiento de disolución; incluir que la Resolución de la Junta Monetaria que disponga la disolución deberá ser notificada a terceros a los fines de hacer oponibles todas las actuaciones; que por Resolución de Junta Monetaria se valide y autorice cualquier actuación que deba producirse en beneficio del proceso pero que no se encuentre prevista en el Reglamento; la propuesta de que se establezcan las formalidades mínimas que debe contener los informes de rendición de cuentas de la Comisión de Liquidación; que se defina el término balance residual bajo los términos del reglamento; que se observen los criterios de prelación con base al contenido de la Ley No.189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario; así como que se analizara la conveniencia o no de mantener la imposibilidad total de la compensación como mecanismo de negociación que no necesariamente afecta la igualdad de los acreedores;

CONSIDERANDO que la Consultoría Jurídica del Banco Central participó en el análisis y revisión de las observaciones presentadas por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), siendo incorporadas todas sus observaciones, adecuaciones y precisiones al Proyecto de Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera sometido al conocimiento de la Junta Monetaria;

CONSIDERANDO que el Proyecto de Modificación al Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera fue elaborado tomando en cuenta las opiniones externadas por la Superintendencia de Bancos, a los fines de obtener un documento consensuado;

Por tanto, la Junta Monetaria

R E S U E L V E:

1. Aprobar la propuesta de modificación del Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera, aprobado mediante la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 2 de julio del 2003, el cual, copiado a la letra dice así:

REGLAMENTO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE

ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA

 

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

CAPITULO I

OBJETIVO, ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION

 

Artículo 1. Objetivo. El presente Reglamento tiene como objetivo establecer el procedimiento que deberá seguir la Superintendencia de Bancos para la disolución de las entidades de intermediación financiera que hayan incurrido en una o más de las causales contenidas en la Sección VIII DE LA DISOLUCIÓN, Artículo 62, de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre de 2002.

 

Artículo 2. Alcance. El alcance de este Reglamento es definir el procedimiento de disolución que se seguirá para la extinción de las entidades de intermediación financiera, las responsabilidades de los organismos que intervienen durante el proceso, así como las normas que se seguirán para la liquidación administrativa.

Artículo 3. Ambito de aplicación. (Modificado por la Primera Resolución de fecha 31 de octubre del 2016, publicado el 6 de diciembre del 2016) Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento son de aplicación para las entidades de intermediación financiera que se identifican a continuación:

a) Bancos Múltiples;

b) Bancos de Ahorro y Crédito;

c) Corporaciones de Crédito;

d) Asociaciones de Ahorros y Préstamos; y,

e) Entidades Públicas y Mixtas de Intermediación Financiera.

TITULO II

INICIO Y PLAZO PARA CONCLUSION DEL

PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION

 

CAPITULO I

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

 

Artículo 4. En los casos en que una entidad de intermediación financiera se encontrase en al menos una de las causales previstas en el Artículo 62 de la Ley Monetaria y Financiera, la Superintendencia de Bancos someterá a la Junta Monetaria la propuesta de disolución de la entidad.

Párrafo I: La propuesta de disolución deberá estar sustentada en un informe técnico y legal en el que se identifiquen las causales verificadas. La misma incluirá aquellas operaciones que la Superintendencia de Bancos considere pertinente exceptuar de la suspensión al inicio del procedimiento de disolución, en atención a la preservación del valor de la unidad de negocios de la entidad de intermediación financiera en disolución y a la no afectación de ciertos servicios que resulte conveniente continuar prestando por el costo social de su interrupción, sin que ello dificulte la aplicación de la exclusión y transferencia de activos y pasivos.

Párrafo II: El Presidente de la Junta Monetaria, realizará una convocatoria de urgencia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber recibido la propuesta de disolución de una entidad de intermediación financiera por parte de la Superintendencia de Bancos. La Junta Monetaria decidirá sobre la disolución en un plazo improrrogable de veinticuatro (24) horas, contado a partir del momento de la convocatoria.

Artículo 5. El procedimiento de disolución se iniciará con la Resolución emitida por la Junta Monetaria que autoriza a la Superintendencia de Bancos a iniciar el referido procedimiento. Dicha Resolución deberá contemplar por lo menos lo siguiente:

i) Causas por las que procede;

ii) Suspensión de operaciones de la entidad de intermediación financiera, indicando, si procede, las operaciones exceptuadas de la misma;

iii) La utilización del Fondo de Contingencia, como instrumento de facilitación, conforme lo establecido en el Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera, en los términos y condiciones que determine la Superintendencia de Bancos durante el procedimiento de disolución;

iv) Revocación de la autorización de funcionamiento de la entidad de intermediación financiera.

Artículo 6. A partir de que la Junta Monetaria emita la Resolución de disolución quedan interrumpidos los plazos de prescripciones, caducidad y otros, así como los plazos en los procesos de ejecución seguidos para la recuperación de la cartera de créditos y los procesos ordinarios que hubieran podido emerger de los mismos, tal como lo establece el literal b) del Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera.

Párrafo I: Con la notificación de la Resolución de disolución, quedarán suspendidos de manera automática los derechos de accionistas o asociados, según corresponda, y cesarán en sus funciones los miembros del consejo de administración o su equivalente y los representantes legales, quedando automáticamente revocados, sin valor ni efecto legal alguno, sus poderes y las facultades de administración que se les hubieran otorgado, con la consiguiente prohibición de realizar actos de disposición o administración de bienes de la entidad de intermediación financiera, y de realizarse, éstos serán nulos de pleno derecho.

Párrafo II: Durante el período de disolución, las funciones y facultades de los accionistas o asociados y del consejo de administración las ejercerán los funcionarios designados por la Superintendencia de Bancos.

 

Artículo 7. Exclusión de Activos y Pasivos. (Modificado por la Primera Resolución de fecha 31 de octubre del 2016, publicado el 6 de diciembre del 2016) Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por exclusión de activos y pasivos, la selección y transferencia de activos realizables y pasivos de la entidad en disolución, conforme lo dispuesto en los literales d) y e) del Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera, en el Artículo 83 de la Ley No. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana y, el Artículo 26 de la Ley No. 126-15 para la Transformación del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV) en Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX).

 

Artículo 8. Se considerará perfeccionada la exclusión y transferencia de activos y pasivos, cuando se suscriban los contratos y se agoten todos y cada uno de los requisitos y formalidades legales de la totalidad de las operaciones intervenidas mediante los procedimientos competitivos y mecanismos dispuestos por la Ley.

Párrafo: En el caso de que al momento de efectuar el proceso de disolución de una entidad de intermediación financiera, no exista en el mercado otra entidad de intermediación financiera solvente que desee absorber los activos y pasivos de la entidad en disolución, la Junta Monetaria determinará caso por caso el tratamiento a conferir a los activos y pasivos que conforman los valores e instrumentos hipotecarios emitidos al amparo de la Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, con sus respectivos subyacentes de la entidad en disolución de que se trate.

 

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE EXCLUSION DE ACTIVOS Y PASIVOS

 

Artículo 9. Procedimiento de Exclusión de Activos y Pasivos. (Modificado por la Primera Resolución de fecha 31 de octubre del 2016, publicado el 6 de diciembre del 2016) Este procedimiento de exclusión tendrá como objetivo prioritario viabilizar la transferencia de activos y pasivos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 7 de este Reglamento, según el procedimiento que se indica a continuación:

1. Excluir de la masa de activos y pasivos de la entidad sujeta a disolución y/o liquidación, los activos y pasivos que conforman los valores e instrumentos hipotecarios que hayan sido emitidos al amparo de la citada Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, conjuntamente con sus respectivos préstamos hipotecarios que los sustentan, y transferirlos a una o más entidades de intermediación financiera solventes que hayan calificado para tales fines, con el propósito de que sean administrados y contabilizados de forma separada del resto de los demás activos y pasivos a transferir a la entidad de intermediación financiera absorbente. Este tratamiento prevé además, que la entidad de intermediación financiera absorbente deberá estar en capacidad de continuar efectuando los pagos de los intereses correspondientes a esos valores e instrumentos hipotecarios, así como los cobros de las cuotas de los préstamos que fungen como subyacentes de dichos valores e instrumentos.

2. Excluir las deudas que mantenga la entidad de intermediación financiera en disolución con el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), provenientes de operaciones de segundo piso, apareadas con la cartera de crédito que las origina y transferirlas a dicha entidad.

3. Continuar el proceso de exclusión de activos y transferir los activos restantes a la(s) entidad(es) de intermediación financiera seleccionada(s), en base a los criterios de valoración estipulados en el Artículo 10 del presente Reglamento.

4. Excluir y transferir obligaciones privilegiadas de primer y segundo orden, a una o más entidades de intermediación financiera solventes y adecuadamente administradas, las cuales recibirán a cambio los activos excluidos y/o participaciones de primer orden provenientes del mecanismo de titularización.

Párrafo I: Las obligaciones privilegiadas de primer orden y, en su caso, de segundo orden excluidas, y el certificado de participación que se emita por un monto equivalente a éstas, una vez elegido el esquema de titularización, constituirán la unidad de negocios. Dicha unidad de negocios se transferirá a una o varias entidades de intermediación financiera que cumplan los requisitos de elegibilidad que determine la Superintendencia de Bancos, sobre la base de los criterios establecidos en el Artículo 14 de este Reglamento. En caso de que no se utilice una estructura de titularización y se proceda a la transferencia directa de los activos, la unidad de negocios estará constituida por: los pasivos excluidos, los activos excluidos; y, cuando proceda, el aporte del Fondo de Contingencia.

Párrafo II: Una vez implementado lo establecido en los Numerales 1, 2 y 3 de este Artículo, si quedaren activos y pasivos residuales, la Junta Monetaria dispondrá, previa solicitud de la Superintendencia de Bancos, la liquidación administrativa de la entidad de intermediación financiera en proceso de disolución.

Párrafo III: Si transcurrido el plazo máximo previsto en el Artículo 15 de este Reglamento, no es factible que la Superintendencia de Bancos resuelva el procedimiento de exclusión y transferencia de activos y pasivos, la Junta Monetaria declarará la liquidación administrativa de la entidad en proceso de disolución, previa presentación de informe motivado por parte de dicho Organismo Supervisor.

Artículo 10. Criterios de Valoración y Exclusión de Activos. (Modificado por la Primera Resolución de fecha 31 de octubre del 2016, publicado el 6 de diciembre del 2016) Los criterios que deberán seguirse para la valoración y exclusión de activos, son los siguientes:

I. Criterios de valoración:

Por el valor en libros neto de provisiones, reservas y cualquier otro ajuste determinado por la Superintendencia de Bancos.

II. Exclusión de activos:

a) Se podrá excluir la totalidad o parte de los activos de la entidad de intermediación financiera, incluyendo el cien por ciento (100%) de la cartera hipotecaria que respalda con los títulos valores emitidos para el financiamiento de la vivienda y la construcción, al amparo de la Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, exceptuando el activo y pasivo de operaciones de segundo piso efectuadas con el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), los cuales serán transferidos a este último conforme la Ley para la transformación del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV) en el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX).

b) El valor de los activos excluidos deberá guardar una relación razonable con el de los pasivos excluidos (obligaciones de primer y, en su caso, segundo orden). En los casos de disolución utilizando el mecanismo de titularización, se entenderá que dicha relación es razonable cuando exista equivalencia entre los pasivos transferidos y el valor de los certificados de participación entregados a la o las entidades de intermediación financiera que asumen dichos pasivos excluidos.

Párrafo: Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que se constituya el esquema de titularización, quien lo administre, podrá reintegrar al balance residual aquellos activos respecto de los cuales se haya determinado que tienen valor de realización nulo o negativo.

c) Cuando la transferencia de activos se realice en forma directa a una entidad de intermediación financiera, deberá haber equivalencia entre los valores de los activos excluidos, valuados según el Numeral I del presente Artículo y, los pasivos excluidos y transferidos a dicha entidad del sistema financiero, independientemente de si los activos excluidos constituyen la totalidad o una parte del total de los activos de la entidad de intermediación financiera.

d) En caso de que en el proceso de disolución y/o liquidación de una entidad de intermediación financiera, los valores para el financiamiento de la vivienda y la construcción emitidos y en circulación no sean transferidos conjuntamente con los préstamos hipotecarios que los respaldan y sus respectivas garantías hipotecarias a otra entidad de intermediación, la Junta Monetaria determinará, caso a caso, el tratamiento a otorgar, por lo que tales pasivos y activos serán excluidos de la masa de liquidación y manejados contablemente en forma separada, por el órgano o las personas naturales o jurídicas designadas para tales efectos, debiendo efectuar los pagos correspondientes en forma privilegiada, oportuna y directa a sus inversores.

Artículo 11. Aportes del Fondo de Contingencia. A fin de facilitar el procedimiento de disolución, al momento de declarar la disolución, la Junta Monetaria dispondrá que el Fondo de Contingencia deberá realizar los aportes de contrapartida, siguiendo los criterios previstos en el literal e) del Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera, en el monto, términos y condiciones que determine la Superintendencia de Bancos durante el procedimiento de disolución. Los aportes del Fondo de Contingencia no podrán superar el treinta por ciento (30%) del monto de las obligaciones privilegiadas de la entidad de intermediación financiera en disolución y no podrá ser superior a lo que supondría el pago en efectivo de la garantía de depósitos a los depositantes. La Superintendencia de Bancos establecerá los términos y condiciones de los aportes, teniendo en cuenta cual es la modalidad conveniente en cada caso, a fin de viabilizar la exclusión y transferencia de activos y pasivos. La Superintendencia de Bancos deberá, junto a la solicitud de aportes del Fondo de Contingencia, acompañar un informe pormenorizado en el cual se demuestre que el aporte solicitado está dentro de los límites mencionados en la citada Ley Monetaria y Financiera.

Párrafo I: El Fondo de Contingencia deberá instrumentar los aportes en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas desde la correspondiente solicitud por parte de la Superintendencia de Bancos.

Párrafo II: Por los aportes realizados, el Fondo de Contingencia recibirá un certificado de participación de segundo orden de prelación en el esquema de titularización, en caso que se perfeccione de esta manera el proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, o participará en la liquidación con una prelación inmediata posterior a los depósitos privilegiados.

Párrafo III: El Banco Central, como administrador del Fondo de Contingencia, deberá participar y aprobar todo lo relativo a la constitución del esquema de titularización y dar seguimiento al desempeño del mismo.

Artículo 12. Irrevocabilidad. Salvo lo dispuesto en el Párrafo del Numeral II literal b) del Artículo 10 de este Reglamento, las transferencias de activos excluidos durante el procedimiento de disolución son irrevocables.

Artículo 13. Criterios de exclusión de pasivos. (Modificado por la Primera Resolución de fecha 31 de octubre del 2016, publicado el 6 de diciembre del 2016) Los criterios que deberán seguirse para la exclusión de pasivos son los siguientes:

I). Obligaciones de primer orden:

a) Depósitos del sector privado en cuenta corriente o a la vista y de ahorro, excluidas las operaciones con otros intermediarios financieros y los depósitos de vinculados, por:

i. El cien por ciento (100%) de los valores u obligaciones para el financiamiento de la vivienda y la construcción, emitidos en circulación al amparo de la Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana;

ii. El cien por ciento (100%) de los montos de los depósitos; según el marco legal y normativo vigente con relación a los depósitos cubiertos por la garantía del Fondo de Contingencia al momento de la disolución, esto es, por hasta una cuantía por depositante de quinientos mil pesos (RD$500,000.00). Para el caso de los depósitos cuyo importe exceda el monto garantizado, se deberá excluir y transferir como mínimo el monto garantizado;

iii. El cien por ciento (100%) de los montos de las obligaciones de la entidad, originadas en operaciones de segundo piso con el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), las cuales le serían transferidas conforme la citada Ley No.126-15;

iv. Hasta el cien por ciento (100%) del monto de los depósitos que exceda el valor garantizado.

Párrafo: A los fines del proceso de disolución previsto en el literal e) del Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera, los depositantes de una asociación de ahorros y préstamos no se considerarán como vinculados a la entidad.

b) Mandatos en efectivo y, recaudaciones y retenciones tributarias;

c) Depósitos judiciales;

d) Obligaciones laborales de la entidad en disolución. La Superintendencia de Bancos procurará cancelar la totalidad de los pasivos laborales de la entidad de intermediación financiera en forma previa a la exclusión y transferencia de activos y pasivos; en caso que esto no sea posible por falta de fondos, dichos pasivos se excluirán y transferirán; y

e) El precio debido por la asistencia técnica a que se refiere el literal d) del Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera.

II). Obligaciones de segundo orden, las cuales tienen la prelación siguiente:

a) Depósitos del sector público en cuenta corriente o a la vista y de ahorro;

b) Obligaciones con el Banco Central;

c) Obligaciones con entidades de intermediación financiera; y

d) Obligaciones tributarias de la entidad en disolución.

Párrafo: En caso que los activos no resultaren suficientes o fuere necesario para asegurar la viabilidad de la exclusión de activos y pasivos, podrán distinguirse entre las obligaciones de primer y segundo orden, excluyendo solamente las primeras.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTOS COMPETITIVOS

 

Artículo 14. A los fines de determinar las entidades de intermediación financiera adjudicatarias de los activos y pasivos, la Superintendencia de Bancos invitará a realizar propuestas a las entidades que resulten elegibles, según los criterios de elegibilidad que ésta defina en función de su solvencia, características y tamaño de su operatoria, calidad en la gestión de riesgos y otros elementos que considere relevantes. Las propuestas se harán en los términos y condiciones que establezca la Superintendencia de Bancos, pudiendo incluso requerir la presentación de las mismas en formularios proformas. Las ofertas podrán ser:

a) Por la unidad de negocios que contemple la totalidad de las obligaciones privilegiadas; y, los activos, y si fuera el caso, la contribución del Fondo de Contingencia que defina la Superintendencia de Bancos. La oferta deberá indicar el monto de contribución del Fondo de Contingencia que requiere la entidad compradora;

b) Por la unidad de negocios que contemple solamente las obligaciones privilegiadas de primer orden y los activos y, si fuera el caso, la contribución del Fondo de Contingencia que defina la Superintendencia de Bancos. La oferta deberá indicar el monto de contribución del Fondo de Contingencia que requiere la entidad compradora;

c) Por activos de la entidad en proceso de disolución por los que se permita ofrecer en forma individual, por no formar parte esencial del negocio bancario, pagando en efectivo. En este caso la Superintendencia de Bancos deberá agotar un procedimiento de licitación pública, en el cual podrán participar entidades de intermediación financiera u otras personas físicas o jurídicas.

Párrafo I: Las entidades de intermediación financiera podrán presentar propuestas parciales que, asociadas con otras propuestas, contemplen la totalidad de los pasivos considerados en las unidades de negocios previstas en los literales a) y b).

Párrafo II: Los criterios de selección y adjudicación de ofertas serán los siguientes: resultará ganadora la entidad que ofrezca por la unidad de negocio prevista en el literal a) del presente Artículo. En caso que ninguna entidad ofrezca por la opción del literal a), resultará ganadora la entidad que ofrezca por la opción del literal b).

Párrafo III: En caso que más de una entidad ofrezca por la opción del literal a), resultará ganadora la que requiera menor aporte del Fondo de Contingencia. De igual forma se procederá si, no habiendo ofertas por la opción del literal a), más de una entidad ofreciera por opción del literal b).

Párrafo IV: Al momento de adjudicar la oferta ganadora, la Superintendencia de Bancos informará al Banco Central el monto de los recursos que deberá aportar el Fondo de Contingencia, así como los términos y condiciones en que se pactó la operación.

Párrafo V: Para asegurar la transparencia y competitividad de adjudicación, en caso de recibir más de una oferta, la Superintendencia de Bancos las evaluará y aceptará, en base a los criterios arriba establecidos, notificándose por escrito su decisión a las restantes entidades participantes, en el plazo de setenta y dos (72) horas a partir del momento de su decisión.

Párrafo VI: La Superintendencia de Bancos emitirá un instructivo para definir los criterios de elegibilidad y los procesos competitivos previstos en el presente Artículo. Adicionalmente, la Superintendencia de Bancos emitirá un instructivo para la selección del administrador del esquema de titularización, dentro de los noventa (90) días de aprobado el presente Reglamento. Dicho plazo podrá ser prorrogado por la Junta Monetaria a solicitud fundada de la Superintendencia de Bancos por igual período, por una única vez.

CAPITULO IV

PLAZO PARA LA CONCLUSION

DEL PROCEDIMIENTO DE DISOLUCION

 

Artículo 15. El procedimiento de disolución deberá concluir en un plazo máximo de treinta (30) días, contado a partir de la fecha en que sea notificada al consejo de administración o directorio de la entidad, la Resolución de la Junta Monetaria que autorice el inicio del procedimiento de disolución. Este plazo podrá prorrogarse a solicitud fundamentada de la Superintendencia de Bancos por un período de treinta (30) días adicionales. Al día laborable siguiente después de concluido el proceso de disolución, volverán a correr los plazos y términos procesales indicados en el Artículo 6 del presente Reglamento.

 

CAPITULO V

FACULTADES DE LA JUNTA MONETARIA Y DE LA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

 

Artículo 16. La Junta Monetaria, en el marco de la aplicación de los procedimientos de disolución previstos en la Ley Monetaria y Financiera, tendrá los deberes y facultades siguientes:

a) Decidir sobre el inicio del procedimiento de disolución, a propuesta de la Superintendencia de Bancos;

b) Revocar la autorización para funcionar de la entidad sujeta al procedimiento de disolución;

c) Autorizar la prórroga del procedimiento de disolución, a solicitud de la Superintendencia de Bancos;

d) Requerir a la Superintendencia de Bancos la información que considere necesaria sobre el procedimiento de disolución;

e) Instruir al Banco Central para que, en su calidad de administrador del Fondo de Contingencia, realice los aportes de contrapartida, conforme a lo previsto en el literal e) del Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera, en los términos y condiciones que determine la Superintendencia de Bancos durante el procedimiento de disolución;

f) Dar por concluido, con base al informe emitido por la Superintendencia de Bancos, el proceso de disolución; y,

g) Cualesquiera otras facultades que le otorgue la legislación.

Artículo 17. La Superintendencia de Bancos, una vez dictada por la Junta Monetaria la Resolución que autorice el procedimiento de disolución, tendrá la guarda y administración de los bienes que se encuentren en poder de la entidad en disolución, de la masa de la liquidación, con las prerrogativas que le confiere la Ley Monetaria y Financiera para estos fines. Además, tendrá los deberes y facultades siguientes:

a) Tomar posesión y asumir la representación legal de la entidad de intermediación financiera en disolución, así como las competencias que legal y estatutariamente correspondan al consejo de administración, accionistas o asociados, asambleas y órganos administrativos de la entidad financiera;

b) Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una disolución rápida y progresiva;

c) Ejecutar los actos conservatorios y necesarios para la realización de la exclusión y transferencia de activos y pasivos;

d) Adelantar, durante todo el curso de la disolución, el recaudo de los dineros y la recuperación de los activos que por cualquier concepto deban ingresar a la masa de la disolución, para lo cual podrá ofrecer incentivos por la denuncia de la existencia y entrega de tales activos en territorio nacional o en el extranjero;

e) Conformar la unidad de negocios, conducir el proceso competitivo para la selección de la entidad adquirente, administrar el esquema de titularización y solicitar al Banco Central el aporte del Fondo de Contingencia.

f) Velar por la conservación de los bienes de la entidad en disolución, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto;

g) Registrar en los estados financieros de la entidad de intermediación financiera en disolución las provisiones, reservas y otros ajustes pendientes de realizar a la fecha de dictada la Resolución de disolución, así como aquellos que fueren determinados como necesarios durante el proceso. Continuar con la contabilidad en los libros de la entidad en disolución y, en caso de no ser posible, proveer su reconstrucción e iniciar la contabilidad de la disolución;

h) Presentar cuentas comprobadas de su gestión, inmediatamente al terminar la disolución, y en cualquier tiempo, a solicitud de la Junta Monetaria;

i) Pagar los gastos del procedimiento de disolución con cargo a la masa de la entidad de intermediación financiera. Se considerarán, en forma no limitativa, gastos del procedimiento de disolución los siguientes: remuneraciones y beneficios sociales de los empleados de la entidad; indemnizaciones; gastos incurridos por la Superintendencia de Bancos durante el procedimiento; gastos operativos generales; gastos para efectuar la transferencia de pasivos y activos en la ejecución del procedimiento de disolución; y, otros gastos que deban realizarse para llevar a buen término el mismo;

j) Celebrar todos los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la disolución, incluidos los negocios o encargos fiduciarios que faciliten su adelantamiento, establecer, para fines de éstos o cualesquiera otros contratos, garantías a favor de las entidades con las que se han celebrado los mismos; restituir bienes recibidos en prenda, cancelar hipotecas, transferir contratos de arrendamiento vigentes y representar a la entidad en las sociedades en que sea socia o accionista, así como transigir, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente, siempre que no se afecte la igualdad de los acreedores de acuerdo con la ley;

k) Dar por terminados los contratos de trabajo de empleados cuyo servicio no se requiera y conservar o contratar los que sean necesarios para el debido desarrollo de la disolución;

l) Sin perjuicio de las facultades de la Administración Monetaria y Financiera, promover las acciones de responsabilidad civil o penales que correspondan, contra los administradores, directores y funcionarios de la entidad en disolución;

m) Propiciar acuerdos cuyo objeto consista en la continuación por un nuevo fiduciario de la gestión, orientada a alcanzar las finalidades previstas en los contratos fiduciarios celebrados por la entidad en disolución, antes de efectuar las restituciones a los fideicomitentes a que haya lugar;

n) Crear la reserva prevista en la literal g) del Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera, bajo el Título de Instrumentos de Facilitación;

o) Continuar con determinadas actividades mientras se realiza el procedimiento de disolución, tales como cobro de préstamos y tarjetas de crédito, transacciones en cuentas corrientes y de ahorros correspondientes a cheques en tránsito, así como la habilitación de las sucursales para recibir pagos en sentido general, para realizar la devolución de fondos depositados por el público y para el pago de los cheques emitidos y en circulación;

p) Presentar a la Junta Monetaria, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la Junta Monetaria autorizó el inicio del procedimiento de disolución, un informe sobre el cumplimiento del proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos; y,

q) Realizar otras actuaciones que resulten necesarias para desarrollar eficazmente el procedimiento de disolución.

TITULO III

DE LA LIQUIDACION ADMINISTRATIVA

 

CAPITULO I

NATURALEZA, INICIO Y DERECHO APLICABLE

 

Artículo 18. Para la liquidación administrativa del balance residual de la entidad en disolución o para la liquidación administrativa utilizada como mecanismo subsidiario excepcional de última instancia, se seguirán las siguientes normas:

a) Naturaleza, objeto e inicio del proceso. El proceso de liquidación administrativa tiene por finalidad esencial la pronta identificación y realización de los activos y un ágil, eficiente y transparente proceso de pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los acreedores sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera y de otras leyes que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos.

b) Derecho aplicable. Los procesos de liquidación administrativa serán adelantados por la Comisión de Liquidación Administrativa conforme las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera y los principios de Derecho Administrativo establecidos en el Artículo 4 de dicha ley. La identificación y realización de activos y los demás actos de gestión se regirán por las normas del Derecho Privado aplicables por la naturaleza del asunto. La Superintendencia de Bancos modificará los instructivos necesarios, relativos a los procesos de liquidación que servirán de criterio auxiliar a la Comisión de Liquidación Administrativa en su gestión.

CAPITULO II

DE LA COMISION DE LIQUIDACION ADMINISTRATIVA

 

Artículo 19. Designación de la Comisión de Liquidación Administrativa. La Junta Monetaria, sea para los fines contemplados en el literal j) del Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera, sea para el caso de liquidación administrativa, previsto a su vez por el Artículo 65 de dicha Ley, designará una Comisión de Liquidación Administrativa compuesta de tres (3) miembros que deberá tener en cuenta los siguientes requisitos mínimos: i) ser profesional con título universitario y tener experiencia mínima de cinco (5) años en materia financiera, contable y administrativa; ii) idoneidad personal y profesional; iii) no haber sido condenado a penas aflictivas o infamantes; y, iv) no ser funcionario, empleado, accionista o asesor de una entidad financiera. La Junta Monetaria fijará en cada caso, el plazo en que la Comisión designada deberá concluir el proceso de liquidación administrativa.

Artículo 20. Naturaleza de las funciones de la Comisión de Liquidación Administrativa. Los miembros de la Comisión de Liquidación Administrativa ejercerán funciones públicas administrativas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad de las reglas de Derecho Privado a los actos de gestión que deban ejecutar durante el proceso de liquidación.

Artículo 21. Naturaleza de los actos de la Comisión de Liquidación Administrativa. Las impugnaciones que se originen en las decisiones de la Comisión de Liquidación Administrativa relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, las que por su naturaleza constituyan actos administrativos, deberán ser dirimidas conforme al procedimiento de impugnación de los actos administrativos establecidos por la Ley Monetaria y Financiera para los actos administrativos de la Administración Monetaria y Financiera. Las decisiones sobre aceptación, rechazo, calificación o graduación de créditos quedarán ejecutadas respecto de cada crédito, salvo que contra ellas se interponga recurso. En consecuencia, si se encuentran en firme los inventarios, la Comisión de Liquidación Administrativa podrá fijar inmediatamente fechas para el pago de tales créditos. Lo anterior, sin perjuicio de resolver los recursos interpuestos en relación con otros créditos y de la obligación de constituir provisión para su pago en el evento de ser aceptados.

Artículo 22.-Facultades y deberes de la Comisión de Liquidación Administrativa. La Comisión de Liquidación Administrativa tendrá la guarda y administración de los bienes que se encuentren en poder de la entidad en liquidación y de la masa de la liquidación, gozando, como auxiliar de la Administración Monetaria y Financiera, de todas las prerrogativas que le confiere la Ley Monetaria y Financiera a la Superintendencia de Bancos. Además, tendrá los siguientes deberes y facultades:

a) Actuar por cuenta de la Autoridad Monetaria y Financiera en la liquidación de la entidad;

b) Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación rápida y progresiva;

c) Adelantar, durante todo el curso de la liquidación, el recaudo de los dineros y la recuperación de los activos que por cualquier concepto deban ingresar a la masa de la liquidación, para lo cual podrá ofrecer incentivos por la denuncia de la existencia y entrega de tales activos en territorio nacional o en el extranjero;

d) Administrar la masa de la liquidación con las responsabilidades de un secuestrario judicial;

e) Velar por la conservación de los bienes de la entidad en liquidación, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y, ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto;

f) Continuar con la contabilidad de los libros debidamente registrados de la entidad en liquidación, en caso de no ser posible, proveer su reconstrucción e iniciar la contabilidad de la liquidación;

g) Presentar cuentas comprobadas de su gestión, al terminar la misma, al cierre de cada año calendario y en cualquier tiempo, a solicitud de la Junta Monetaria la Superintendencia de Bancos;

h) Ejecutar todos los actos y efectuar todos los gastos que a su juicio sean necesarios para la conservación de los activos y archivos de la entidad en liquidación;

i) Celebrar todos los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la liquidación, incluidos los negocios o encargos fiduciarios que faciliten su adelantamiento, establecer, para fines de éstos o cualesquiera otros contratos, garantías a favor de las entidades con las que se han celebrado los mismos; restituir bienes recibidos en prenda, cancelar hipotecas, transferir contratos de arrendamiento vigentes y representar a la entidad en las sociedades en que sea socia o accionista, así como transigir, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente, siempre que no se afecte la igualdad de los acreedores de acuerdo con la ley;

j) Realizar los castigos de activos que resulten pertinentes;

k) Vender, previo avalúo y sin necesidad de peritajes judiciales, los activos de la entidad en liquidación;

l) Pagar con los recursos pertenecientes a la entidad en liquidación todos los gastos de la liquidación;

m) Dar por terminados los contratos de trabajo de empleados cuyo servicio no se requiera y conservar o contratar los que sean necesarios para el debido desarrollo de la liquidación;

n) Sin perjuicio de las facultades de la Administración Monetaria y Financiera, promover las acciones de responsabilidad civil o penales que correspondan, contra los administradores, directores y funcionarios de la entidad en liquidación;

o) Propiciar acuerdos cuyo objeto consista en la continuación por un nuevo fiduciario de la gestión, orientada a alcanzar las finalidades previstas en los contratos fiduciarios celebrados por la entidad en liquidación, antes de efectuar las restituciones a los fideicomitentes a que haya lugar; y,

p) Continuar con determinadas actividades mientras se realiza el procedimiento de liquidación, tales como cobro de préstamos y tarjetas de crédito, transacciones en cuentas corrientes y de ahorros correspondientes a cheques en tránsito, así como, la habilitación de las sucursales para recibir pagos en sentido general, para realizar la devolución de fondos depositados por el público y para el pago de cheques emitidos y en circulación.

Artículo 23. Responsabilidad. Los miembros de la Comisión de Liquidación Administrativa, responderán por los perjuicios que por dolo o culpa grave causen a la entidad en liquidación o a los acreedores, en razón de actuaciones adelantadas en contravención a las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera, de este Reglamento y de las disposiciones del Derecho Común que sean aplicables al proceso de liquidación administrativa. Para todos los efectos legales, los bienes inventariados y el avalúo realizado conforme a lo previsto en las normas respectivas, determinarán los límites de la responsabilidad de los miembros de la Comisión de Liquidación Administrativa. Las sanciones impuestas a los miembros de la Comisión de Liquidación Administrativa, por infracciones penales en que incurran, no les dará acción alguna contra la entidad en liquidación. Sin embargo, la Comisión de Liquidación Administrativa podrá atender con recursos de la liquidación los gastos de los procesos que se instauren en su contra, en razón de sus actuaciones dentro del proceso liquidatorio, sin perjuicio de que, en el evento en que sea declarada su responsabilidad por dolo o culpa grave, la entidad en liquidación repita por lo pagado por tal concepto.

Artículo 24. Honorarios. En cada caso, la Junta Monetaria, atendiendo al tamaño y complejidad de la entidad, así como claros criterios de austeridad y justicia con los recursos de los ahorrantes, deberá fijar los honorarios que con cargo a la entidad en liquidación deberán percibir los miembros de la Comisión de Liquidación Administrativa por su gestión. Asimismo, la Junta Monetaria podrá definir primas de gestión por la rápida y eficiente labor ejecutada por la Comisión, de conformidad con los parámetros y condiciones que determine. Los miembros de la Comisión de Liquidación Administrativa se reputan auxiliares de la Administración Monetaria y Financiera y, por tanto, para ningún efecto deberán considerarse empleados de la entidad en liquidación.

Artículo 25. Rendición de Cuentas. La Comisión de Liquidación Administrativa deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión mediante una exposición razonada y detallada de sus actos, de los negocios, bienes y haberes de la entidad en liquidación, y del pago de las acreencias y la restitución de bienes y sumas excluidas de la masa de liquidación. Las cuentas se presentarán a la Junta Monetaria y a la Superintendencia de Bancos con la periodicidad que señale la Resolución de designación de dicha Comisión y comprenderá únicamente la gestión realizada entre la última rendición de cuentas y la que presenta. La rendición de cuentas contendrá el balance general, el estado de ingresos y gastos del período comprendido en la rendición de cuentas, el informe de las actividades realizadas durante dicho período, y los documentos e informes adicionales que la Comisión de Liquidación Administrativa estime necesarios. El balance general y el estado de ingresos y gastos serán firmados por los miembros de la Comisión de Liquidación Administrativa y contendrán las normas y anexos correspondientes. Los documentos y comprobantes que permitan la verificación de las cuentas estarán a disposición de los acreedores. Los estados financieros se prepararán de acuerdo con las normas generales vigentes en materia contable y los instructivos dictados por la Superintendencia de Bancos para la liquidación administrativa.

Artículo 26. Acceso de la Superintendencia a los libros de la entidad en liquidación. La Superintendencia de Bancos tendrá, en cualquier momento, acceso a los libros y papeles de la entidad en liquidación y a los documentos y actuaciones de la liquidación, sin que le sea oponible reserva alguna, con el objeto de examinar la gestión y eficacia de la actividad de la Comisión de Liquidación Administrativa, sin perjuicio de la facultad de la Junta Monetaria de remover todos o parte de los miembros de la Comisión, de oficio o a solicitud por escrito y fundamentada de la Superintendencia de Bancos. Para llevar a cabo el seguimiento previsto en este Artículo, la Superintendencia de Bancos podrá, cuando lo considere necesario, contar con la asistencia de entidades especializadas. La Superintendencia de Bancos es la responsable primaria de la supervisión y seguimiento de las actividades de la Comisión de Liquidación e informará al respecto a la Junta Monetaria, sin perjuicio de los informes que debe presentar la mencionada Comisión.

CAPITULO III

DEL PROCESO DE LA LIQUIDACION ADMINISTRATIVA

 

Artículo 27. Masa de la Liquidación. La masa de liquidación está compuesta por el balance residual resultante del procedimiento de disolución regido por el Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera y, en el caso de que dicho procedimiento resulte infructuoso, por todos los bienes actuales y futuros de la entidad. Tal como establece el Artículo 65 de la Ley Monetaria y Financiera, para la liquidación administrativa se seguirán los criterios de exclusión de activos y pasivos establecidos en el Artículo 63 de dicha Ley.

Artículo 28. Etapas del Proceso Liquidatorio. La liquidación administrativa se iniciará, según el caso que corresponda, tan pronto la Junta Monetaria designe la Comisión de Liquidación Administrativa. En caso de liquidación, los créditos serán pagados siguiendo las reglas de prelación previstas en la Sección VIII del Título III de la Ley Monetaria y Financiera. Si el Fondo de Contingencia paga la garantía de depósito prevista en el Artículo 64, literal c) de la Ley Monetaria y Financiera, dicho Fondo tendrá derecho a obtener el pago de las sumas que haya cancelado, gozando de la prelación inmediata a la de titulares de obligaciones privilegiadas no satisfechos íntegramente en el proceso de disolución. Las sumas que correspondan a pasivos no reclamados oportunamente por los acreedores, accionistas o asociados, durante el proceso de liquidación, según sea el caso, se entregarán al Fondo de Contingencia. Una vez cancelado todo el pasivo externo o vencido el plazo para reclamar su pago, los accionistas o asociados podrán designar el liquidador que deba continuar el proceso. A partir de dicho momento, a la liquidación se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones establecidas en esta materia por la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No.479-08 y sus modificaciones, el Código Civil y sus disposiciones complementarias.

Artículo 29. Compensación. Con el fin de asegurar la igualdad de los acreedores en el proceso liquidatorio, no procederá la compensación de obligaciones de la entidad en liquidación para con terceros que a su vez sean deudores de ella.

Artículo 30. Acciones contra directores y administradores. Los acreedores conservarán sus acciones contra los directores y administradores de la entidad en liquidación por la responsabilidad que les corresponda según el Derecho Común.

Artículo 31. Archivos. Los archivos de la entidad en liquidación correspondiente al tiempo anterior a la toma de posesión de la Comisión de Liquidación Administrativa se conservarán por el tiempo previsto en la Ley Monetaria y Financiera para las entidades de intermediación financiera. Será responsabilidad de la Comisión de Liquidación Administrativa constituir, con recursos de la entidad en liquidación, el fondo requerido para atender los gastos de conservación, guarda y destrucción de los archivos. Los recursos de la liquidación que se destinen para estos efectos, se hará con prioridad sobre cualquier otro gasto o pago de la entidad en liquidación. Con las actuaciones administrativas que se produzcan durante el proceso liquidatorio, los inventarios, acuerdos de acreedores y demás actos procesales, se formará un solo expediente. Cualquier persona tendrá derecho a examinar el expediente en el estado en que se encuentre y a obtener copias y certificaciones sobre el mismo; y,

Artículo 32. Contratación. Para el cumplimiento de las finalidades de la liquidación, la Comisión de Liquidación Administrativa, previa aprobación de la Superintendencia de Bancos, podrá contratar la prestación de servicios relacionados con la gestión de liquidación, así como la administración de la masa de la liquidación, sobre la base de los honorarios que se fijen conforme establece el presente Reglamento.

2. La presente Resolución modifica el Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera aprobado mediante la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 2 de julio del 2003.

3. Esta Resolución deberá ser publicada, en virtud de las disposiciones del literal g) del Artículo 4 de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre del 2002.”

19 de abril, 2012

Reglamento de Disolución y Liquidación de EIF

Primera resolución del 6 de octubre del 2011. El presente Reglamento tiene como objetivo establecer el procedimiento que deberá seguir la Superintendencia de Bancos para la disolución de las entidades de intermediación financiera que hayan incurrido en una o más de las causales contenidas en la Sección VIII DE LA DISOLUCIÓN, Artículo 62, de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre de 2002.