Tabla de contenido
Search Hover Dark Search Hover Dark

DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana

DECRETO NÚMERO: 407-17

CONSIDERANDO: Que el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento atentan contra bienes jurídicos de interés superior como la vida, el orden mundial, la convivencia pacífica de los pueblos, las sanas relaciones internacionales, la economía del país, la seguridad democrática y los principios rectores de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

CONSIDERANDO: Que el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento deben ser contrarrestados con prontitud y contundencia a través de leyes, reglamentos, políticas, acciones, planes, medidas preventivas, cautelares y precautelares coordinadas a nivel de Estado, en colaboración ineludible con los sectores del sistema financiero y otras entidades obligadas a prevenir el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme sus respectivos programas de prevención.

CONSIDERANDO: Que en República Dominicana los actos de terrorismo están tipificados y sancionados en la Ley núm. 267-08, sobre terrorismo, del 4 de julio de 2008, la cual crea, además, el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista.

CONSIDERANDO: Que en materia de congelamiento de activos el artículo 49 de la referida Ley núm. 267-08 precisa que ''[e]l Ministerio Público podrá instruir a las instituciones financieras para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones que involucren a personas físicas (naturales) o jurídicas respecto de las cuales existan fundadas sospechas de estar vinculadas a organizaciones criminales relacionadas con los delitos cuya prevención procura la presente ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la jurisdicción competente, la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa notificación, la congelación de los activos de los partícipes, considerados en la presente ley".

CONSIDERANDO: Que República Dominicana, conforme su legislación interna atiende y aplica los estándares internacionales emanados del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), cuyas Recomendaciones núms. 6 y 7 prevén que los países deben implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión del terrorismo, de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento.

CONSIDERANDO: Que las Recomendaciones núms. 6 y 7 también exigen a los países la implementación de medidas y la designación de autoridades para el congelamiento sin demora de los bienes u activos, y que aseguren que ningún fondo o activo se ponga a disposición, directa o indirecta, de, o para el beneficio de, alguna persona o entidad designada por, o bajo la autoridad de, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dentro del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en concordancia con las Resoluciones 1267 (1999), 1988 (2011), 1718 (2006), 2231 (2015) y sus resoluciones sucesoras; o designada por un país en virtud de la Resolución 1373 (2001).

CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). De igual manera, es compromisaria de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y adopta las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) como miembro de su correspondiente Grupo Regional, para prevenir y combatir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 155-17, sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves, en su artículo 91 establece que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevará a cabo investigaciones para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero relativos a posibles infracciones de lavado de activos y la financiación del terrorismo.

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República, en el ejercicio de sus atribuciones y en observancia de los principios, derechos y garantías establecidas en la Constitución, el ordenamiento jurídico y los instrumentos internacionales vigentes en materia de Derechos Humanos, así como aquellos relacionados con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento del terrorismo, ha instruido, como parte de la política criminal del Estado, la creación de mecanismos idóneos para perseguir de manera eficaz este tipo de acciones criminales.

CONSIDERANDO: Que mediante la Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando éstos tengan Trascendencia Internacional, ratificada por la República Dominicana mediante la Resolución núm. 316 del 18 de marzo de 1976, la República Dominicana, como Estado Parte, se obligó a tomar todas las medidas necesarias para prevenir y solucionar los actos y atentados contra la vida y la integridad de las personas, así como la extorsión vinculada con estos delitos.

CONSIDERANDO: Que la indicada Convención tiene por objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo a través de medios compatibles con la vigencia del Estado de Derecho y las libertades públicas.

CONSIDERANDO: Que la lucha antiterrorista debe concebirse con un alto grado de eficacia y prudencia, para que afecte lo menos posible el desenvolvimiento del comercio, la empresa y el turismo, así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

CONSIDERANDO: Que el artículo 4 de la Convención lnteramericana contra el Terrorismo establece que cada Estado parte, en la medida en que no lo haya hecho, deberá establecer un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir, erradicar la financiación del terrorismo y lograr una cooperación internacional efectiva.

CONSIDERANDO: Que el artículo 26 de la Constitución reconoce que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación, apegado a las normas del derecho internacional y las relaciones internacionales, que acepta y aplica las normas de Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.

VISTA: La Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando éstos tengan Trascendencia Internacional, ratificada por la República Dominicana mediante la Resolución núm. 316 del 18 de marzo de 1976.

VISTO: El Código Penal de la República Dominicana.

VISTA: La Ley núm. 76-02, contentiva del Código Procesal Penal, del 19 de julio de 2002, y sus modificaciones.

VISTA: La Ley núm. 583, que incrimina el secuestro y todas sus formas y variedades, del 26 de junio de 1970.

VISTA: La Ley núm. 267-08, sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, del 4 de julio de 2008.

VISTA: La Ley núm. 107-13, sobre los Derechos y Deberes de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, del 6 de agosto de 2013.

VISTA: La Ley núm. 631-16, para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados, del 2 de agosto de 2016.

VISTA: La Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, del 1 de junio de 2017.

VISTAS: Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de febrero de 2012, destinadas a concebir y promover estrategias para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS EN MATERIA DE CONGELAMIENTO PREVENTIVO DE BIENES O ACTIVOS RELACIONADOS CON EL TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO Y CON LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, CONFORME LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 1267 (1999), Y 1989 (2011) Y SUCESIVAS, RESOLUCIÓN 1988 (2011) Y SUCESIVAS, RESOLUCIÓN 1373 (2001) Y SUCESIVAS, RESOLUCIÓN 1718 (2006) Y SUCESIVAS, Y RESOLUCIÓN 2231 (2015)

 

TÍTULO I.

CONSIDERACIONES GENERALES

 

Artículo l. Objeto del reglamento. El presente reglamento tiene por objeto establecer procedimientos tendentes a la identificación y aplicación de medidas para el congelamiento de bienes o activos conforme a lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 (1999) y 1989 (2011) y sucesivas, 1988 (2011) y sucesivas, 1373 (2001) y sucesivas, 1718 (2006) y sucesivas, y 2231 (2015) y sucesivas, así como cualquier otra resolución que emita el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre sanciones financieras por terrorismo, su financiación y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Artículo 2. Ámbito de aplicación alcance. El presente reglamento será aplicable a las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, a las cuales se hace mención en el acápite relativo a los sujetos obligados.

Artículo 3. Definiciones. Para los fines del presente reglamento se entenderá por:

a) Actos de terrorismo: Son aquellas manifestaciones de violencia ejecutadas para infundir terror previstas en las leyes e instrumentos jurídicos internacionales ratificados por República Dominicana.

b) Autoridades competentes sectoriales: Son los supervisores de los sujetos obligados en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo señalados en la Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo. Incluye la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Seguros, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo.

c) Bienes o activos: Bienes de cualquier tipo, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, con independencia de cómo se hubieran obtenido, y los documentos e instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida la forma electrónica o digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes, dentro de los cuales se incluyen cuentas de depósito, créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, letras de cambio, cartas de crédito e intereses, dividendos, otros ingresos o valores negociable o intereses que se devenguen o sean generados por esos bienes o activos, entre otros.

d) Congelamiento Preventivo: Es la medida de aplicación inmediata por la cual se prohíbe, congela, suspende e interrumpe por completo toda transferencia, traslado, traspaso, conversión, cambio, disposición o movimiento de bienes o activos.

 

e) Listas ONU: Son aquellas establecidas y mantenidas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en virtud de las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y sucesivas, así como la lista de personas y entidades establecidas por la Resolución 1988 (2011) y sucesivas, de igual modo incluye la lista de la Resolución 1718 (2006) y sucesivas, la lista incluida en la Resolución 2231 (2015), y cualquier otra lista que defina el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a las sanciones financieras contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

f) Lista nacional de terroristas: Es la lista que podrá elaborar la autoridad competente de personas u organizaciones terroristas con presencia o influencia en territorio nacional, en cumplimiento de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1373 (2001).

g) Sujetos obligados: Son todos aquellos definidos y referidos en la Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y aquellos que en virtud de esa ley puedan ser designados por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.

h) Sin demora: Significa, en virtud de las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y sucesivas y la Resolución 1988 (2011) y sucesivas, Resolución 1718 y sucesivas, y la Resolución 2231 y sucesivas, ejecutar las medidas previstas en el presente Reglamento de modo inmediato y en cuestión de horas a partir de una designación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de su Comité de Sanciones pertinente, tal como el Comité 1267, el Comité 1988, y el Comité de Sanciones 1718 y de la Resolución 2231. Para los propósitos de la Resolución 1373 (2001), la frase sin demora significa ejecutar las medidas previstas en el presente reglamento cuando se tengan motivos razonables, o una base razonable, para sospechar o creer que una persona o entidad es un terrorista, alguien que financia el terrorismo o es una organización terrorista. En ambos casos, la frase sin demora debe ser interpretada en el contexto de la necesidad de prevenir la fuga o disipación de bienes u activos que están ligados a terroristas, organizaciones terroristas, o a aquellos que financian el terrorismo, así como en el contexto de la necesidad de una acción global y concertada para prohibir e interrumpir su flujo sin tropiezos.

 

TÍTULO II.

SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS

 

CAPÍTULO l.

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONGELAMIENTO PREVENTIVO DE BIENES O ACTIVOS CONFORME A LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 1267 (1999) Y 1989 (2011) Y SUCESIVAS, RESOLUCIÓN 1988 (2011) Y SUCESIVAS, Y RESOLUCIÓN 1718 (2006) Y SUCESIVAS

 

Artículo 4. Difusión comunicación de las Listas ONU. Una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores reciba cualquiera de las Listas ONU, actualizadas y emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con base en las Resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 1988 (2011), 1718 (2006), 2231 (2015) y sucesivas, este las transmitirá sin demora, a partir de su recepción, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a las autoridades competentes sectoriales para que las difundan de manera inmediata entre los sujetos obligados. Sin perjuicio de este proceso de difusión, debe asegurarse, además, que las listas actualizadas puedan ser notificadas a todos los organismos de investigación del Estado competentes en la prevención y persecución de actos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Párrafo l. Sin perjuicio de la difusión de las Listas ONU por parte de las autoridades competentes sectoriales y de la UAF, los sujetos obligados deberán revisar constantemente las actualizaciones de las Listas ONU para que implementen las medidas de congelamiento según lo establecido en el presente reglamento.

Artículo 5. Sobre el congelamiento preventivo de bienes o activos de personas y entidades designadas en las Listas ONU. Los sujetos obligados procederán, de forma autónoma y sin demora, desde las actualizaciones de las Listas ONU a:

a) Revisar en sus respectivas bases de datos, la existencia de bienes o activos relacionados con las personas o entidades designadas en las Listas ONU.

b) En caso de encontrar un positivo, deberán congelar preventivamente los bienes o activos detectados. No se podrá notificar a la persona afectada.

c) Comunicar de forma inmediata a la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a la UAF la aplicación de la medida de congelamiento preventivo.

Párrafo. El congelamiento preventivo por parte del sujeto obligado se mantendrá hasta su ratificación u orden de levantamiento de la medida por la autoridad judicial competente.

Artículo 6. Sobre la ratificación del congelamiento preventivo. Una vez que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo sea informada del congelamiento preventivo a la que se refiere el artículo anterior, ésta procederá sin demora a solicitar a la autoridad judicial competente la resolución que ratifique el congelamiento preventivo, conforme las disposiciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 (1999), 1989 (2011), 1988 (2011), 1718 (2006) y 2231 (2015). Una vez resuelta la solicitud por la autoridad judicial, ésta será notificada al sujeto obligado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La autoridad judicial solo podrá modificar o revocar la medida de congelamiento en los casos previstos en los artículos 7 y 8 siguientes.

Párrafo. La decisión del proceso de congelamiento podrá ser recurrida por la persona afectada ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme los procedimientos estipulados por los Comités 1267, 1989, 1988, 1718 y 2231, según corresponda.

Artículo 7. Acceso a bienes o activos sujetos al congelamiento conforme las Resoluciones 1452 (2002), 1718 (2006), 2231 (2015) sucesoras del Consejo de Seguridad de la ONU. La autoridad judicial solo podrá aprobar el acceso a los activos sujetos a la medida de congelamiento preventivo de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones 1452 (2002), 1735 (2006), y 2231 (2015) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, cuando se trate de activos necesarios para sufragar gastos básicos que pueden incluir el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguro, gasto de agua y electricidad o pagos de honorarios o prestación de servicios razonables, o tasas o cargo por servicios de mantenimiento de activos. Para estos efectos, la solicitud deberá ser presentada por la persona o entidad designada o su representante ante la autoridad judicial competente que ratificó la medida indicando las razones para su petición, el valor y la ubicación de los activos.

Artículo 8. Revocación del congelamiento preventivo de bienes o activos vinculados a las Listas ONU. En virtud del marco descrito por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 (1999), 1989 (2011), 1988 (2011), 1718 (2006), 2231 (2015) y sucesivas, la autoridad judicial competente de oficio o a petición de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo solo podrá revocar la medida de congelamiento de activos en los siguientes casos:

a) Cuando la persona o entidad designada haya sido retirada de la Lista ONU por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

b) Exista error por homonimia o un falso positivo.

Artículo 9. Inclusión de personas entidades designadas en las Listas ONU. Ante una solicitud motivada y justificada por parte de una autoridad nacional de que una persona o entidad reúne los requisitos para estar incluido en una de las listas de personas y entidades designadas por el Consejo de Seguridad, según los criterios definidos en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267, 1989, 1718, 2231 y sucesivas, lo comunicará a la Dirección Nacional Antiterrorista para su análisis, la cual, de estimarlo procedente, lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo comunique a través de los canales pertinentes al Comité correspondiente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quedando a la espera de respuesta de la solicitud.

Artículo 10. Criterios de designación en las Listas ONU. Los criterios de designación en las Listas ONU están establecidos en las Resoluciones 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 1718 (2006) y sucesivas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las cuales se incorporan al presente reglamento.

Artículo 11. Exclusión de personas entidades designadas en las Listas ONU. Toda persona o entidad, nacional o residente, incluida en una de las Listas ONU o los familiares, nacionales o residentes de los fallecidos que estén incluidos en una de las Listas ONU, podrán solicitar su exclusión utilizando los procedimientos que para ello han definido los Comités del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes a las Resoluciones 1267 (1999), 1988 (2011), 1718 (2006), 2231 (2015). El Ministerio de Relaciones Exteriores servirá de medio para tramitar las comunicaciones hacia el comité correspondiente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una vez el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas comunique al Ministerio de Relaciones Exteriores su decisión sobre la solicitud de exclusión de personas y entidades de una de las Listas ONU, éste lo comunicará directamente al interesado, así como a la UAF.

CAPÍTULO II.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONGELAR BIENES O ACTIVOS

TERRORISTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES DESIGNADAS EN EL CONTEXTO

DE LA RESOLUCIÓN 1373 (2001)

 

Artículo 12. Designación nacional de personas naturales y jurídicas cuyos bienes o activos son susceptibles de ser congelados debido a su vinculación al terrorismo y a su financiamiento. La Dirección Nacional Antiterrorista, creada por la Ley núm. 267-08, sobre terrorismo, recibirá información de la UAF o de las instituciones encargadas de la persecución de actividades delictivas y de ejercer la acción penal, sobre personas físicas o jurídicas que presuntamente cumplen con los criterios de designación establecidos en la Resolución 1373 (2001) para analizarla y, de ser procedente, aprobar la inclusión o exclusión en la lista nacional.

Artículo 13. Criterios para la designación de las personas naturales y jurídicas cuyos bienes o activos son susceptibles de ser congelados debido a su vinculación al terrorismo y a su financiamiento. Los criterios para la designación son los siguientes:

a) Las personas naturales o jurídicas que fueren objeto de una resolución judicial emitida en República Dominicana o en el extranjero, que las individualicen como autoras o partícipes del delito de terrorismo o de su financiamiento o de cualquiera de las conductas señaladas en el inciso (a) del artículo 3 del presente Reglamento.

b) Las personas naturales o jurídicas que en República Dominicana o en el extranjero se encuentren en cualquiera de las fases del proceso penal por los delitos de terrorismo o su financiamiento o cualquiera de las conductas señaladas en el inciso (a) del artículo 3 del presente Reglamento.

c) Las personas naturales o jurídicas que de acuerdo con información de investigación policial, financiera, o judicial, de inteligencia, o de organismos homólogos en otros países, se muestre una presunta vinculación como autoras o partícipes del delito de terrorismo o de su financiamiento o de cualquiera de las conductas señaladas en el inciso (a) del artículo 3 del presente Reglamento.

d) Las personas naturales o jurídicas que de acuerdo con informaciones producto de investigaciones policiales, judiciales, de inteligencia, o de organismos homólogos en otros países, que muestren la presunta vinculación con actos de terrorismo y que se encuentren en los supuestos de los literales a, b y c del presente artículo.

 

Artículo 14. Procedimiento para la implementación del congelamiento preventivo. El procedimiento a seguir para la implementación del congelamiento preventivo se regirá en virtud de los siguientes parámetros:

a) Una vez la Dirección Nacional Antiterrorista aprueba la designación de una persona física o jurídica en la Lista Nacional, el Director Ejecutivo de la Dirección Nacional Antiterrorista deberá notificar de inmediato a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la cual remitirá de inmediato a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a las autoridades competentes sectoriales y a la UAF para que se implemente el procedimiento de difusión, congelamiento y ratificación de la medida.

b) Las autoridades competentes sectoriales y la UAF notificarán inmediatamente la designación a los sujetos obligados por medios físicos o electrónicos.

c) Los sujetos obligados procederán, inmediatamente después de la notificación de la lista nacional, a:

i. Revisar en sus respectivas bases de datos, la existencia de bienes o activos relacionados con las personas o entidades designadas en la Lista Nacional.

ii. En caso de encontrar un positivo, deberán congelar preventivamente los bienes o activos detectados. No se podrá dar notificación a la persona afectada.

iii. Comunicar de forma inmediata a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a la UAF la aplicación de la medida de congelamiento preventivo.

d) El congelamiento preventivo por parte del sujeto obligado se mantendrá hasta su ratificación o levantamiento de la medida por la autoridad judicial competente.

Artículo 15. Ratificación del congelamiento preventivo. Una vez que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo sea informada del congelamiento preventivo a la que se refiere el artículo anterior, esta procederá sin demora a solicitar a la autoridad judicial competente la resolución que ratifique el congelamiento preventivo. Una vez resuelta la solicitud por la autoridad judicial, esta será notificada al sujeto obligado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La autoridad judicial solo podrá modificar o revocar la medida de congelamiento en los casos siguientes:

a) Cuando la persona o entidad designada haya sido retirada de la Lista Nacional por la Dirección Nacional Antiterrorista.

b) Exista error por homonimia o por un falso positivo.

c) Cuando la Dirección Nacional Antiterrorista confirme que procede la revocación de la medida.

Artículo 16. Procedimiento para retirar personas o entidades designadas por la Dirección Nacional Antiterrorista para revocar el congelamiento de bienes o activos. El procedimiento para retirar personas o entidades de la lista nacional y revocar el congelamiento de fondo es el siguiente:

a) La Dirección Nacional Antiterrorista en cualquier momento podrá retirar, previa consulta al Procurador General de la República, a una persona o entidad designada de acuerdo con argumentos razonables, elementos de convicción o prueba que verifiquen la desvinculación de la persona o entidad como terrorista o como parte de una organización terrorista, o que pudieran tener participación, directa o indirectamente, en uno o varios actos terroristas o que participe en ellos o faciliten su comisión o su financiamiento.

b) En caso de que la Dirección Nacional Antiterrorista niegue una solicitud para retirar la designación, esta decisión podrá ser revisada a petición de parte conforme al ejercicio de recursos administrativos, los cuales procederán siempre y cuando se pueda demostrar con pruebas verificables que la persona o entidad no está vinculada como terrorista o como parte de una organización terrorista, o que pudiera tener participación directa o indirectamente en uno o varios actos terroristas, o que participe en ellos, o facilite su comisión, o su financiamiento.

c) Una vez la Dirección Nacional Antiterrorista retire la designación de una persona, se procederá de inmediato a notificar a la UAF y a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para que ésta proceda a solicitar el levantamiento del congelamiento de los bienes o activos ante la autoridad judicial competente.

Párrafo: La persona física o moral que esté en desacuerdo con su inclusión en la lista nacional podrá recurrir dicha decisión mediante un recurso de reconsideración por las vías establecidas por la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos y Deberes de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

Artículo 17. Concesión de acceso a bienes o activos congelados, producto de la designación de la Dirección Nacional Antiterrorista. Se podrá autorizar el acceso a bienes o activos congelados cuando se trate de activos o bienes necesarios para sufragar gastos básicos que pueden incluir el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguro, gasto de agua y electricidad o pagos de honorarios o prestación de servicios razonables, tasas o cargo por servicios de mantenimiento de activos.

Artículo 18. Procedimiento para la concesión de acceso a bienes o activos congelados, producto de la designación de la Dirección Nacional Antiterrorista. La solicitud para la concesión de acceso a bienes o activos congelados, producto de la designación de la Dirección Antiterrorista, deberá partir de los lineamientos planteados a continuación:

a) La solicitud deberá ser presentada por la persona interesada ante la autoridad judicial competente, indicando las razones para su petición, el valor y la ubicación de los bienes o activos.

b) La autoridad judicial competente analizará la solicitud, requiriendo la asistencia de la Dirección Nacional Antiterrorista y, de considerar que cumple con los requisitos señalados en el literal anterior, concederá el acceso a los fondos o bienes.

c) Una vez resuelta la solicitud por la autoridad judicial, ésta será notificada al sujeto obligado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

 

 

CAPÍTULO III.

MECANISMOS PARA COOPERAR CON OTROS PAÍSES EN ACCIONES

DE CONGELAMIENTO PREVENTIVO DE BIENES O ACTIVOS EN EL CONTEXTO DE LA RESOLUCIÓN 1373 (2001)

 

Artículo 19. Las solicitudes de otros países sobre congelamiento de bienes o activos vinculados al terrorismo o a su financiamiento, en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se tramitarán de la siguiente manera:

a) Las solicitudes se recibirán vía el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre que procedan de las autoridades competentes de otros países y se ejecutarán conforme a los procedimientos previstos en el capítulo 111 de este Reglamento.

b) El Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá al Director Ejecutivo de la Dirección Nacional Antiterrorista la solicitud de cooperación para su revisión.

 

Artículo 20. La solicitud de cooperación será revisada por el Director Ejecutivo de la Dirección Nacional Antiterrorista, quien examinará que cumpla con los requisitos siguientes:

a) Las solicitudes de otros países deberán contener los datos de la autoridad competente que presente la solicitud, tales como datos del funcionario o institución que dictó la medida en el país.

b) Justificación de la solicitud, así como la motivación y descripción de la medida solicitada.

c) Documentación de soporte de la medida solicitada, tales como: información sobre la identidad, nacionalidad, dirección física o electrónica de la persona o entidad, información financiera que permitan la correcta y adecuada identificación de la persona o entidad involucrada, así como cualquier otra información que apoye la solicitud con miras al congelamiento preventivo de bienes o activos.

Párrafo I. En caso de cumplir con los elementos anteriores, el Director Ejecutivo presentará la solicitud ante la Dirección Nacional Antiterrorista, la cual analizará dicha solicitud y, en caso de ser aceptada, designará a la persona o entidad dentro de la Lista Nacional y se aplicará el procedimiento descrito en los artículos 5 y siguientes del presente reglamento.

Párrafo II. Todas las comunicaciones hacia el país que realizó la solicitud se canalizarán vía el Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

Artículo 21. La Dirección Nacional Antiterrorista podrá solicitar a un país extranjero la cooperación para el congelamiento de bienes de algún designado en la Lista Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

TÍTULO III.

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 22. Medidas para sujetos obligados.

 

a) El proceso de congelamiento preventivo establecido en este reglamento se aplica sin perjuicio de los Programas y Políticas Internas de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo.

b) La información entregada a la UAF sobre la medida adoptada en atención del presente reglamento es sin perjuicio del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), según corresponda, conforme lo dispuesto en la Ley núm. 155-17 y las respectivas normativas emitidas por los reguladores en la materia.

Artículo 23. Exención de responsabilidad y terceros de buena fe. Las entidades nacionales y las personas físicas y jurídicas que apliquen de buena fe las disposiciones previstas en el presente reglamento estarán exentas de responsabilidad, penal y administrativa, conforme lo dispuesto en la Ley núm. 155-17.

Artículo 24. De la autoridad judicial competente. Por aplicación del artículo 62 del Código Procesal Penal, con respecto a la Competencia Universal, así como para asegurar que se procederá sin demora en las solicitudes de congelamiento preventivo, el Consejo del Poder Judicial autorizará un juez especial para conocer todo lo relacionado con el proceso de congelamiento preventivo de bienes, en virtud de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y lo dispuesto en la Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y sus reglamentos.

Artículo 25. Normativa Sectorial. Las autoridades competentes sectoriales podrán emitir normativas para regular la implementación de las disposiciones de este reglamento, según las particularidades de cada sector.

Artículo 26. Supervisión. Las autoridades competentes sectoriales, en el marco de sus competencias, llevaran a cabo el monitoreo, supervisión y fiscalización de este reglamento por parte de los sujetos obligados del cumplimiento.

Artículo 27. Sanciones. Ante el incumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, los supervisores aplicarán, en el marco de sus competencias, las sanciones que están definidas en la Ley núm. 155-17.

Artículo 28. Entrada en vigencia. El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

 

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), año 174 de la Independencia y 155 de la Restauración.

DANILO MEDINA

Presidente de la República Dominicana


REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY NO. 155-17 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

(DECRETO 408-17, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017)


DANILO MEDINA

Presidente de la República Dominicana

 

DECRETO NUMERO: 408-17

CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es signataria de varios convenios internacionales que procuran combatir en forma efectiva el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, así como el financiamiento de actividades terroristas.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm.155-17 incorpora al ordenamiento jurídico dominicano las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del 15 de febrero de 2012, destinadas a concebir y promover estrategias para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm.155-17, del 1 de junio de 2017, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ha creado un sistema más amplio de prevención, persecución y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva en la República Dominicana.

CONSIDERANDO: Que algunos aspectos de la Ley núm.155-17 requieren de un desarrollo reglamentario para completar sus procesos y normas.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.

VISTA: La Ley núm. 155-17, del 1 de junio de 2017, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que sustituyó y derogó la Ley núm. 72-02, sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002.

VISTAS: Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del 15 de febrero de 2012, destinadas a concebir y promover estrategias para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente:

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY NÚM. 155-17 CONTRA EL

LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA

PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

 

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto reglamentar lo establecido en la Ley núm. 155-17, del 1 de junio de 2017, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Artículo 2. Cumplimiento normativo. Los sujetos obligados financieros y no financieros deberán cumplir con todas las obligaciones puestas a su cargo por la Ley núm. 155-17, sus reglamentos y las normativas sectoriales que emitan las autoridades competentes para la regulación y supervisión.

Artículo 3. Alcance de las normativas sectoriales. Las normativas sectoriales regularán el alcance y la forma de implementación de las disposiciones de la Ley núm. 155-17, este reglamento y los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, incluyendo los criterios y requerimientos de debida diligencia, tomando en consideración las realidades y riesgos de cada sector a las que están dirigidas.

Artículo 4. Identificación de Beneficiario Final. Los sujetos obligados deberán identificar y verificar a la persona o las personas físicas que tengan una participación accionaria igual o superior a 20% de una persona jurídica o estructura jurídica.

Párrafo I. Si no es posible determinar con claridad si la persona que tiene la participación accionaria mayoritaria es la beneficiaria final o cuando ninguna persona física ejerza el control de una empresa mediante participaciones accionarias o el control mínimo del 20% de la participación accionaria, se deberá identificar y verificar la identidad de la(s) persona(s) física(s) que ejerzan el control a través de otros medios. Cuando no se identifique a ninguna persona física, de acuerdo con los elementos anteriores, se considerará beneficiario final a la(s) persona(s) física(s) que ocupa(n) el (los) puesto(s) de mayor rango gerencial.

Párrafo II. Para identificar y verificar el beneficiario final que tiene control por otros medios, podrá considerarse como tal aquella persona física que a través de otros medios tenga el control sobre la persona o estructura jurídica, incluyendo, y sin limitarse, a los controlantes por disposición estatutaria, de hecho, o que hayan ejecutado actuaciones en las que revelen poder en la toma de decisiones.

Artículo 5. Estadísticas. Las autoridades competentes deben mantener estadísticas completas y actualizadas sobre los asuntos pertinentes a la efectividad de sus actividades dentro del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y contra el Financiamiento al Terrorismo, las cuales deben incluir, al menos, lo siguiente:

1. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) debe llevar las estadísticas de los reportes de operaciones sospechosas recibidos y los informes de inteligencia financiera comunicados.

2. El Ministerio Público, el Poder Judicial y las demás autoridades de investigación deberán llevar, según su competencia, las estadísticas sobre investigaciones, enjuiciamientos, acuerdos y condenas sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como de los delitos precedentes, bienes congelados, incautados, embargados y decomisados.

3. Los órganos y entes supervisores de sujetos obligados, según el literal 17 del artículo 2 de la Ley núm. 155-17, deben llevar estadísticas de las supervisiones, procesos sancionadores y sanciones impuestas a los sujetos obligados.

4. Todas las autoridades competentes según la Ley núm. 155-17 deben llevar estadísticas de las solicitudes internacionales de cooperación realizadas y recibidas, incluyendo, pero sin limitarse a, solicitudes de asistencia legal mutua, extradiciones, medidas sobre bienes e intercambio de informaciones de inteligencia, tributaria y de supervisión.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES PROCESALES

 

SECCIÓN I

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Artículo 6. Intercambio espontáneo de información. Las autoridades competentes podrán usar los medios más eficientes para cooperar, como las redes establecidas para la cooperación internacional y las nuevas tecnologías, para asegurar que puedan prestar el mayor rango de cooperación internacional oportuna con relación al lavado de activos, delitos determinantes asociados y financiamiento del terrorismo. Dicho intercambio de información puede ser de oficio o requerido mediante solicitud.

Artículo 7. Confidencialidad de la información. Las autoridades competentes deben mantener la confidencialidad de toda solicitud de cooperación e información intercambiada, de acuerdo con las obligaciones contenidas en los tratados internacionales, memorandos de entendimiento o acuerdos bilaterales. En ausencia de claridad o previsión sobre la confidencialidad, las autoridades competentes deben, como mínimo, proteger la cooperación o información intercambiada de la misma forma en que protegen toda información similar suministrada por fuentes nacionales y para procesos nacionales.

Artículo 8. Uso de la información en el marco de la cooperación internacional. Las autoridades competentes podrán hacer uso de la información obtenida a través de una solicitud de cooperación internacional, para los fines para los cuales dicha información se procuró o brindó. De ser necesario utilizar dicha información para otros fines, deberá contarse con autorización de la contraparte.

Artículo 9. Intercambio indirecto de información. Las autoridades competentes podrán intercambiar información indirectamente con quienes no son contrapartes, aplicando los dos artículos anteriores. Las autoridades competentes nacionales deben asegurarse de que la autoridad competente que solicita la información a ser usada por otra autoridad competente extranjera precise claramente los propósitos de dicho requerimiento y en nombre de cuál autoridad formula la solicitud.

SECCIÓN II

MEDIDAS SOBRE BIENES

Artículo 10. Medidas cautelares sobre inmuebles. Las medidas cautelares sobre bienes inmuebles ordenadas por un juez o por el Ministerio Público, en casos excepcionales, una vez hayan sido inscritas en el Registro de Títulos correspondiente, generarán un bloqueo registral, primando sobre cualquier otra anotación posterior al momento de la inscripción. El Registrador inscribirá la medida cautelar, sin perjuicio de que el inmueble se encuentre afectado por cargas y gravámenes previos, independientemente de su naturaleza y sus efectos.

Artículo 11. Medidas cautelares sobre otros activos. Las medidas cautelares ordenadas sobre otros activos sometidos a registro, ordenadas por un juez o por el Ministerio Público, en casos excepcionales, una vez hayan sido inscritas, generarán su congelamiento o inmovilización.

Artículo 12. Información sobre el inmueble objeto de medida cautelar. La solicitud de inscripción de medidas cautelares deberá detallar de manera clara e inequívoca la designación catastral del inmueble que se pretende afectar y la correcta identificación del titular del bien. En todo caso, antes de presentar la solicitud, el Ministerio Público deberá confirmar que los datos suministrados coincidan con la información publicitada por el Registro de Títulos.

Artículo 13. Comunicación sobre impedimento. En caso de existir una dificultad para la inscripción de la medida cautelar, el Registrador de Títulos emitirá un oficio motivado y lo comunicará al Ministerio Público dentro de las 48 horas siguientes para que la situación sea subsanada. La comunicación podrá ser efectuada a través de cualquier medio, sea físico o electrónico.

Artículo 14. Comunicación sobre dificultad relativa al decomiso. En caso de que la sentencia que ordene el decomiso de bienes inmuebles no pueda ser ejecutada, por no haberse identificado correctamente el inmueble o su titular, el Registrador emitirá un oficio motivado y lo comunicará al Ministerio Público dentro de las 48 horas siguientes para que la situación sea subsanada. La comunicación podrá ser efectuada a través de cualquier medio, sea físico o electrónico.

CAPÍTULO III

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SECCIÓN I

MEDIDAS PREVENTIVAS

 

Artículo 15. Implementación de la Debida Diligencia del Cliente para los sujetos obligados financieros. Los sujetos obligados financieros deben realizar una Debida Diligencia del Cliente cuando:

a) Pretendan establecer o establezcan relaciones comerciales o profesionales con clientes.

b) Tengan sospecha de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, con independencia de las exenciones o umbrales referidos en la ley y normativa sectorial.

c) Tengan dudas sobre la veracidad de los datos de identificación del cliente.

d) Los clientes realicen transacciones ocasionales por encima de quince mil dólares estadounidenses (USD$15,000.00) en una sola operación o en varias operaciones durante 24 horas.

e) Para el sector de seguros, reaseguros y corredores de seguros, la Debida Diligencia del Cliente se aplicará sólo a los seguros de vida y aquellos seguros que contemplen una inversión.

Artículo 16. Implementación de la Debida Diligencia del Cliente para los sujetos obligados no financieros. Los sujetos obligados no financieros deben realizar una Debida Diligencia del Cliente cuando:

a) Pretendan establecer o establezcan relaciones comerciales o profesionales.

b) Exista sospecha de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, con independencia de las exenciones o umbrales referidos en la ley y normativas.

c) El sujeto obligado tenga dudas sobre la veracidad de los datos de identificación del cliente.

d) Realizan transacciones ocasionales por encima de quince mil dólares estadounidenses (USD$15,000.00) en una sola operación o en varias operaciones durante 24 horas.

Párrafo I. En el caso de los casinos y juegos de azar, sin perjuicio de lo establecido en el literal d) del presente artículo, éstos deberán realizar debida diligencia cuando los clientes se involucran en operaciones por un monto igual o superior a tres mil dólares estadounidenses (USD$3,000.00) o su equivalente en pesos dominicanos o en cualquier otra moneda, en varias operaciones en 24 horas.

Párrafo II. Los agentes inmobiliarios y las empresas de construcción deberán realizar debida diligencia cuando intervengan en operaciones de compra y venta de bienes raíces para sus clientes, sean éstos compradores o vendedores de la propiedad.

Párrafo III. Los comerciantes de joyas y metales o piedras preciosas deberán realizar debida diligencia cuando éstos efectúen alguna transacción con un cliente por un monto igual o superior a quince mil dólares estadounidenses (USD$15,000.00) o su equivalente en pesos dominicanos o en cualquier otra moneda, ya sea en una sola operación, en varias operaciones en 24 horas o en varias operaciones que parezcan estar relacionadas.

Artículo 17. Actualización de la Debida Diligencia. Todos los sujetos obligados deberán actualizar la información de debida diligencia para los clientes actuales conforme a su nivel de riesgo, según las disposiciones de la Ley núm. 155-17, este reglamento y las normativas sectoriales. Se dará un plazo de hasta un (1) año desde la emisión de este reglamento para la actualización de dicha información.

Párrafo. Las normativas sectoriales podrán establecer un procedimiento para prorrogar dicho plazo por un período adicional igual o menor al establecido en este artículo, en virtud del volumen, complejidad y/o antigüedad de los expedientes.

Artículo 18. Clientes que son Personas Expuestas Políticamente. Los sujetos obligados deben realizar una debida diligencia ampliada a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), aun cuando sean beneficiarios finales de sus clientes, que incluya las siguientes actuaciones:

a) Deben obtener la aprobación de la alta gerencia antes de establecer (o continuar, en el caso de los clientes existentes) su relación comercial con una persona políticamente expuesta (PEP).

b) Deben adoptar medidas razonables para identificar el origen de los fondos o activos de los clientes y beneficiarios finales identificados como una persona expuesta políticamente (PEP).

c) Deben realizar un monitoreo intensificado sobre esa relación de negocios.

Párrafo. Se debe realizar debida diligencia ampliada cuando se identifique como cliente de alto riesgo al cónyuge, pareja en unión libre o concubinato, personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de las personas expuestas políticamente (PEP), así como sus asociados cercanos o quien realice operaciones en su nombre.

Artículo 19. Cargos considerados Personas Expuestas Políticamente. De acuerdo con lo establecido en el numeral 19 del artículo 2 de la Ley núm. 155-17, se consideraran Personas Expuestas Políticamente (PEP) todos aquellos funcionarios obligados a presentar su declaración jurada de bienes de conformidad con el artículo 2 de la Ley núm. 311-14, de Declaración Jurada de Patrimonio, siendo éstos:

a) El presidente y vicepresidente de la República.

b) Los senadores y diputados, así como los secretarios administrativos del Senado de la República y la Cámara de Diputados.

c) Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales superiores administrativos y los demás jueces del orden judicial.

d) Los jueces del Tribunal Constitucional.

e) Los jueces del Tribunal Superior Electoral

f) El procurador general de la República y sus adjuntos, así como los demás miembros del Ministerio Público.

g) Los ministros y viceministros.

h) El Defensor del Pueblo.

i) El gobernador y vicegobernador, gerente y contralor del Banco Central.

j) Los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

k) Los miembros de la Junta Central Electoral.

l) El Director Nacional de Elecciones.

m) El Director Nacional de Registro Civil.

n) El Contralor General de la República.

o) Los administradores y gerentes de bancos estatales.

p) Los alcaldes, vicealcaldes, regidores y tesoreros municipales.

q) Los directores y tesoreros de los distritos municipales.

r) El secretario general y los subsecretarios de la Liga Municipal Dominicana.

s) Los embajadores y cónsules generales de la República Dominicana, acreditados en otros países y representantes ante organismos internacionales.

t) Los administradores y subadministradores generales.

u) Los directores nacionales, generales y subdirectores de órganos centralizados y descentralizados del Estado.

v) Los presidentes, vicepresidentes, superintendentes y administradores de empresas estatales.

w) Los miembros de consejos de administración de órganos autónomos del Estado.

x) Los gobernadores provinciales.

y) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las instituciones militares, así como los oficiales generales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración.

z) El jefe y subjefe de la Policía Nacional, los encargados departamentales y regionales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración.

aa) Los titulares de los cuerpos especializados de seguridad e inteligencia del Estado, los encargados departamentales y regionales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración.

bb) El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y los encargados departamentales y regionales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración.

cc) Los miembros del Consejo Nacional de Drogas.

dd) Los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social, el Gerente General, el Tesorero y el Contralor de la Seguridad Social.

ee) El Tesorero Nacional.

ff) El rector y vicerrectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

gg) Los miembros de la Junta Monetaria.

hh) Los encargados de compras de las cámaras legislativas, de la Suprema Corte de Justicia, de los ministerios y de las direcciones generales y demás órganos establecidos en el reglamento de aplicación de esta ley.

ii) Los funcionarios de cualquier otra institución autónoma, centralizada o descentralizada del Estado que sea creada en el futuro y que administre fondos públicos.

Párrafo I: No se consideran Personas Expuestas Políticamente (PEP) aquellos que no sean funcionarios gubernamentales y que formen parte de órganos colegiados consultivos o de coordinación, salvo los casos de consejo de administración de órganos autónomos del Estado y del Consejo de Seguridad Social, tal como se establece en el artículo 2 de la Ley núm. 311-14, de Declaración Jurada de Patrimonio.

Párrafo II: Se entiende por funcionarios aquellos servidores que, según lo indicado en el artículo 18 de la Ley núm. 41-08, de Función Pública, sean funcionarios de libre nombramiento y remoción, funcionarios públicos de carrera, funcionarios públicos de estatuto simplificado o empleados temporales.

Artículo 20. Identificación del beneficiario de una transferencia. Las entidades de intermediación financiera y los agentes de remesas y cambio deben adoptar medidas que le permitan identificar al originador y al beneficiario de la transferencia. En todos los casos, deberán obtener el nombre del originador y del beneficiario y el número de cuenta tanto del originador como del beneficiario cuando la cuenta se utilice para procesar la transacción o, de no haber una cuenta, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla.

Artículo 21. Intermediarios. En el caso de las transferencias electrónicas internacionales, la entidad de intermediación financiera intermediaria o el agente de remesas y cambio intermediario, deberán garantizar que toda la información del originador y del beneficiario que acompaña la transferencia electrónica se conserve con ésta.

Artículo 22. Delegación de Debida Diligencia. Los sujetos obligados solo podrán delegar en un tercero u otro sujeto obligado la realización de los siguientes aspectos de debida diligencia:

a) Identificar y verificar al cliente y al beneficiario final utilizando documentos, datos o información confiable, de fuentes independientes.

b) Entender y, cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial o profesional.

Párrafo. Cuando la debida diligencia se delegue en un tercero que reside en otro país y que cumple con las condiciones definidas en la Ley núm. 155-17, se debe tomar en cuenta la información disponible sobre el nivel de riesgo de ese país y tomar las medidas de mitigación necesarias para que la información de debida diligencia esté lo más completa y actualizada posible.

Artículo 23. Auditoría de cumplimiento . Todos los sujetos obligados deberán realizar una auditoría externa independiente sobre la aplicación del programa de cumplimiento.

Párrafo I. El alcance de la auditoría de cumplimiento será establecido por las normativas sectoriales, emitidas por la autoridad competente respectiva, tomando en consideración, entre otros factores, la naturaleza del sujeto obligado y los niveles de riesgo de la actividad a la que se dedica.

Párrafo II. Para sujetos obligados no financieros que sean considerados como micros, medianas, y pequeñas empresas, y para personas físicas, dicha auditoría puede consistir en un dictamen de cumplimiento emitido por un contador público autorizado o un profesional calificado en prevención de lavado, que deberá ser realizado máximo cada tres (3) años.

Artículo 24. Remisión de información solicitada. Todos los sujetos obligados deberán remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) la información que esta requiera para la realización de sus funciones, análisis, investigaciones y solicitudes de cooperación internacional, independientemente de que los sujetos obligados hayan reportado o no alguna transacción en efectivo u operación sospechosa.

Artículo 25. Forma de solicitud y entrega. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) podrá requerir directamente a un sujeto obligado la información que necesite, la cual deberá ser entregada directamente por dicho sujeto obligado en un plazo no mayor de diez (10) días laborables, o en un plazo menor dispuesto por la UAF en función de la urgencia, especificidad, antigüedad y volumen de la información requerida.

Párrafo I. El hecho de entregar información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) no será revelado o comunicado a ninguna otra autoridad, sujeto obligado o a terceros, conforme lo establecido en los artículos 57 y 63 de la Ley núm. 155-17. Los detalles de inteligencia contenidos en el reporte de operaciones sospechosas no serán revelados a los entes supervisores, conforme lo dispuesto en la parte in fine del párrafo del artículo 56 de la referida ley.

Párrafo II. El sujeto obligado no podrá revelar o comunicar al supervisor ni a terceros cualquier solicitud realizada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o el hecho de haber remitido información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), incluyendo el reporte de operación sospechosa. Se exceptúa de esta prohibición el reporte de transacciones en efectivo.

Artículo 26. Reportes remitidos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la encargada de definir todo lo concerniente al formato, vía, soporte y contenido de los reportes de operaciones sospechosas y reportes de transacciones en efectivo, lo cual será establecido a través de un instructivo que publicarán en su página Web.

Artículo 27. Remisión de información de transporte transfronterizo de dinero . La Dirección General de Aduanas (DGA) deberá digitalizar en formato editable y remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de manera directa o mediante adjunto de correo electrónico seguro, la documentación relativa a las transferencias transfronterizas de dinero y otros instrumentos monetarios que excedan el umbral establecido en la Ley núm. 155-17, de la siguiente manera:

a) Dentro de las primeras 24 horas: el acta que se levanta en ocasión de una incautación de dinero, monederos electrónicos, valores o instrumentos negociables al portador, igual o superior a diez mil dólares estadounidenses (USD$10,000.00) o su equivalente en moneda nacional o extranjera, no declarados.

b) Dentro de los primeros 15 días de cada mes: los formularios del mes anterior, en los cuales los pasajeros declaren que transportan de dinero, monederos electrónicos, valores o instrumentos negociables al portador, igual o superior a diez mil dólares estadounidenses (USD$10,000.00) o su equivalente en moneda nacional o extranjera.

Artículo 28. Designación del oficial de cumplimiento. La normativa sectorial podrá definir los requisitos específicos para el oficial de cumplimiento. Para los sujetos obligados que son personas físicas, las responsabilidades del oficial de cumplimiento podrán ser asumidas por dicha persona.

SECCIÓN II

LIQUIDACIONES O PAGOS

Artículo 29. Medios de pago para la liquidación o pago de obligaciones. Los pagos que las personas físicas o jurídicas realicen o acepten de acuerdo con los umbrales establecidos en el artículo 64 de la Ley núm. 155-17 deberán realizarse a través de depósitos a cuenta bancaria, cheques, transferencias nacionales o internacionales (incluido los agentes de remesas y cambio), tarjetas de crédito o de débito, u otros instrumentos financieros que constituyen medios de pago distintos al efectivo, que dan fe de la liquidación o el pago.

Párrafo I. La constancia fehaciente de pago podrá consistir, sin limitarse a, una copia fotostática de cheque pagado, de cualquier instrumento financiero, de la transferencia nacional o internacional, o del recibo de depósito realizado por ventanilla a cuenta bancaria del vendedor, voucher, extracto o comprobante de la tarjeta de crédito o débito con la cual se realizó el pago o la liquidación. El medio de pago podrá estar establecido en el contrato o documento para registrar o en una certificación emitida por una entidad del mercado financiero nacional o internacional.

Párrafo II. En los casos de las ventas de bienes sujetas a restricciones para su liquidación, cuando el pago inicial o total se convenga en cuotas periódicas o consecutivas, se podrán presentar ante el notario público y los registradores de títulos y mercantiles, las constancias fehaciente de pago, de los pagos ya realizados a ese momento. El medio de pago deberá estar establecido en el contrato o documento para registrar o en una certificación emitida por una entidad del mercado financiero nacional o internacional.

Párrafo III. En los casos de permuta, dación en pago o transacciones en las cuales se convenga la entrega de un bien inmueble o uno de los bienes muebles establecidos en el artículo 64 de la Ley núm. 155-17, la constancia fehaciente de pago deberá estar establecida en el contrato o documento legalizado y registrado.

Párrafo IV. Para el caso de los contratos de ventas condicionadas o con pagos diferidos, todos los registradores, incluyendo los del Registro Mercantil y del Registro de Títulos, deberán registrar los documentos o legalizar las firmas de las partes, siempre que el contrato o documento establezca un detalle de los pagos realizados al momento de la firma del contrato y la forma, así como dejar constancia escrita de la forma de pago del valor residual o valor sin pagar.

Párrafo V. Para el caso de los pagos por constitución de acciones o partes sociales a que se refiere el literal f) del artículo 64 de la Ley núm. 155-17, en ocasión de una constitución de una sociedad, los estatutos sociales incluirán la indicación del medio de pago que será utilizado para la suscripción de aquellas acciones o partes sociales por encima del referido umbral establecido, dentro de los medios de pago permitidos por dicha ley.

Artículo 30. Medios de pagos de las obligaciones. Las constancias de liquidaciones o pagos realizadas a través de los medios de pago mencionados en el artículo anterior sólo serán exigidas por los notarios y los registradores, incluyendo los mercantiles, y únicamente para fines de conservación por un período de diez (10) años.

Párrafo I. A la luz de la Ley 155-17, la responsabilidad de los registradores se limita a la exigencia de entrega del medio de pago, no debiendo exigir documentos o información adicional, ni realizar debida diligencia del cliente, ni exigir prueba de origen de fondos para registrar la transacción.

Párrafo II. Las constancias de pago no serán reportadas a las autoridades competentes, pero deberán entregar copias de éstas y de los demás documentos relacionados cuando le sean requeridas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los jueces o el Ministerio Público.

Párrafo III. En caso de que un registrador, incluyendo los mercantiles, deba proveer documentos o informaciones en ocasión a un requerimiento realizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Poder Judicial o el Ministerio Público, para fines de investigación o juzgamiento, le aplicará la exención de responsabilidad establecida en artículo 58 de la Ley 155-17.

Artículo 31. Confidencialidad de las constancias de pago . Las copias de esas constancias de pago no podrán ser incluidas en los expedientes a los que tiene acceso el público ni podrán entregarse a solicitud de terceros no autorizados. Las copias de las constancias de pagos solo serán entregadas a requerimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a los jueces o el Ministerio Público, para fines de investigación o juzgamiento.

Artículo 32. Transacciones en efectivo no registradas. Las transacciones en efectivo limitadas en el artículo 64 de la Ley núm. 155-17, realizadas antes de la entrada en vigencia de este reglamento y los instructivos exigidos en el presente reglamento, y que no hayan sido registradas, no estarán sujetas a la obligación de entrega de la documentación fehaciente de pago exigidas por dicha ley.

Artículo 33. Exigibilidad de la constancia fehaciente de pago . Las constancias fehacientes de pago establecidas en el artículo 64 de la Ley núm. 155-17 sólo serán exigibles por los notarios públicos, registradores de títulos, registradores mercantiles, y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a partir de la entrada en vigencia de los instructivos de aplicación que deberán de emitir tanto las autoridades competentes y pertinentes para el tema. Dichos instructivos serán sometidos a consulta pública de conformidad con la Ley núm. 107-13, sobre derechos y deberes de las personas frente a la administración pública y de los procedimientos administrativos.

Párrafo I. En el caso de las actividades que estén sujetas a supervisión por la Ley núm. 155-17 y este reglamento, los instructivos serán emitidos por la autoridad competente, así como las normas sectoriales. En los casos del Registro Mercantil, el instructivo será emitido por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.

Párrafo II . Las limitaciones a las liquidaciones o pagos prevista en los literales a), b), c), d), e), f), y g) del artículo 64 de la Ley núm. 155-17 entraran en vigencia una vez se hayan emitido los instructivos antes señalados.

Párrafo III. Dichos instructivos deberán ser puestos en consulta pública a los noventa (90) días de ser promulgado el presente reglamento.

CAPÍTULO III

SUPERVISIÓN Y SANCIÓN

Artículo 34. Sociedad fiduciaria que ofrece servicios a una entidad o grupo financiero: Para la supervisión de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, se considerará que una persona jurídica de objeto exclusivo constituida como sociedad fiduciaria ofrece servicios a una entidad de intermediación financiera o a un grupo financiero cuando cualquiera de estas entidades participen como fideicomitentes, fideicomisarios o beneficiarios de un fideicomiso. Se exceptúan de esta disposición las entidades de intermediación financiera o grupos financieros designadas como beneficiarias de un fideicomiso de oferta pública.

Artículo 35. Sobre las obligaciones adicionales de los Entes de Supervisión de los Sujetos Obligados. En los casos de sujetos obligados sometidos a registro o licenciamiento, las autoridades competentes podrán denegar, suspender o revocar el registro o la licencia correspondiente cuando identifiquen que el sujeto obligado, su beneficiario final, controlante, o persona con alta jerarquía dentro de la sociedad en el caso de personas jurídicas tiene al menos una de las inhabilidades que se detallan a continuación:

a) Han sido condenados y se encuentren cumpliendo condena por delitos graves, por cualquiera de los delitos precedentes de lavado de activos, así como lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

b) Los que han sido inhabilitados permanente o temporalmente según la Ley núm. 155-17 o leyes especiales para las actividades que regulan.

c) Han sido designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como Terrorista o que financian la proliferación de armas de destrucción masiva en virtud de las Resoluciones 1267, 1988, 1718 y 2130 del Consejo de Seguridad, así como por la lista nacional de terroristas.

d) Los que no puedan demostrar el origen lícito de sus fondos para la constitución del capital o su participación en el capital social de la entidad.

Artículo 36. Identificación de probable infracción por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). En los casos en los cuales la Unidad de Análisis Financiero (UAF) advierta la existencia de una probable infracción administrativa por parte de un sujeto obligado deberá notificar a su órgano supervisor, a fin de que este proceda a constatar la ocurrencia del hecho para iniciar un proceso administrativo sancionador.

Artículo 37. Circunstancias de graduación adicionales. Además de las circunstancias para la graduación de las sanciones que se impondrían a los sujetos obligados establecidos en la ley por la comisión de las infracciones administrativas, se tomarán en consideración, como elementos atenuantes, los siguientes:

a) Si el sujeto obligado tiene un programa de cumplimiento y lo ha puesto en ejecución.

b) Si el empleado o funcionario del sujeto obligado incurrió en la infracción violando el programa de cumplimiento.

c) Si luego de la comisión de la infracción administrativa el sujeto obligado adoptó o fortaleció su programa de cumplimiento.

CAPÍTULO IV

BENEFICIARIO FINAL

Artículo 38. Identificación de la persona física. La Administración Tributaria, al momento de la inscripción o actualización de datos, requerirá que sea identificada la persona física que tenga una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20%. En caso de que exista una cadena de titularidad, deben identificarse las personas físicas que tengan una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% en la entidad declarante. En caso de no poderse identificar un beneficiario final a través de la participación accionaria, se inscribirá como tal a la persona que ocupa el cargo de mayor nivel gerencial.

Párrafo. En cuanto al control efectivo, se requerirá que sea identificada la persona física que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena que ejerza el control efectivo de la sociedad o entidad jurídica declarante, ejerzan control sobre ésta.

Artículo 39. Información mínima sobre el beneficiario final. Los datos requeridos sobre el beneficiario final, sin que sean limitativos, serán los siguientes: número de cédula, documento de identidad o pasaporte vigentes, número de identificación tributaria del país de residencia fiscal, nombre completo, domicilio social o sede de actividad, indicación del porcentaje de participación accionaria y/o control efectivo.

Párrafo. En los casos de cadena de titularidad y/o control efectivo, cuando la participación se alcance indirectamente, deberá tener disponible para la Administración Tributaria la identificación de la cadena de titularidad y/o control efectivo incluyendo el nombre o razón social, la identificación tributaria del país de residencia fiscal, el domicilio social o sede de actividad, así como una indicación del porcentaje de participación accionaria y/o control efectivo del beneficiario final, en cada una de las entidades de la cadena de titularidad.

Artículo 40. Disponibilidad de la información. La documentación que sirva de base a la información proporcionada sobre el beneficiario final, sean éstos residentes fiscales o no en República Dominicana, así como de toda la cadena de titularidad y/o control efectivo, debe estar disponible para cuando sea requerida por las autoridades competentes. Dicha documentación debe permanecer disponible por un período de diez (10) años, de acuerdo con las disposiciones del artículo 50, literal h, del Código Tributario y del artículo 43 de la Ley núm. 155-17.

Párrafo. La conservación digital de registros a los que hace referencia el artículo 43 de la Ley núm. 155-17 está considerada como medio de reproducción de los mismos, según lo dispuesto en el párrafo del artículo 43 de la Ley núm. 155-17.

Artículo 41. Beneficiarios finales de estructuras jurídicas. En el caso de beneficiarios finales de entes sin personalidad jurídica, incluyendo “trustees” o fiduciarios, “settlors” o fideicomitentes o beneficiarios o fideicomisarios de “trusts”, deberán aportar a la Administración Tributaria los mismos datos mencionados en el numeral 3 y tener disponible para la autoridad competente lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley núm. 155-17, respecto de los futuros titulares ya designados o en su caso respecto de la categoría de personas físicas en beneficio de la cual se ha creado o actúa dicho ente sin personalidad jurídica.

Párrafo. Los fondos de inversión, fideicomisos de oferta pública y patrimonios separados de titularización quedan exceptuados de las disposiciones anteriores respecto de los tenedores de los valores de oferta pública emitidos con cargo de dichos patrimonios, sin embargo, las autoridades competentes podrán acceder a la información establecida en los numerales 3 y 4 de del artículo 38 de la Ley núm. 155-17 en cualquier momento a través de los sujetos obligados del mercado de valores en la forma dispuesta por la regulación vigente de dicho sector.

Artículo 42. Actualización de datos Beneficiarios Finales. Los datos del o los beneficiarios final(es) deberá(n) informar a la Administración Tributaria anualmente en la declaración jurada de Impuesto Sobre la Renta de la entidad declarante u otro medio publicado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para estos fines. Sin embargo, si surge un cambio en el (los) beneficiario(s) final(es) de la entidad declarante deberá notificarse a la Administración Tributaria en un plazo no mayor a seis (6) meses a partir del cambio, en el formato que disponga la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Artículo 43. Información de debida diligencia. Cuando la entidad sea un sujeto obligado conforme a la Ley núm. 155-17, los requerimientos de información, conforme a los numerales 1 al 5 del artículo 38 de dicha ley, podrán ser requeridos por la autoridad competente.

Artículo 44. Solicitud de Información sobre Beneficiario Final. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público podrán solicitar, de manera administrativa, la información del beneficiario final que se encuentre en poder de los sujetos obligados o en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 45. Normas para la interpretación. En la interpretación y aplicación de la Ley núm. 155-17, los reglamentos y sus normativas sectoriales, las autoridades competentes y sujetos obligados, con respecto a los temas de prevención, deberán tomar en cuenta las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como sus notas interpretativas, pudiendo ser analógica o extensiva, salvo en los aspectos administrativos sancionatorios.

Artículo 46. Sobre la Irretroactividad. En aplicación del artículo 110 de la Constitución de la República Dominicana, en el ejercicio de la potestad penal y administrativa sancionatoria, las infracciones penales consideradas como nuevos delitos precedentes, así como las nuevas infracciones administrativas, contenidas en la Ley núm. 155-17, sólo serán perseguibles y sancionables cuando hayan sido cometidas a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 47. Umbrales para determinación delito tributario como delito precedente. A los fines de la Ley núm. 155-17, los delitos tributarios se consideran como infracciones precedentes o determinantes de lavado de activos conforme a lo establecido en el numeral 11 del artículo 2 de dicha ley, cuando los montos envueltos sean iguales o superiores a setecientos(700) salarios mínimos promedio en el sector privado no sectorizado durante un ejercicio fiscal, excepto en los casos de una recurrencia de la misma conducta luego de auditoría, notificación o advertencia de la DGII por parte de la DGII, en cuyo caso no aplicará este umbral.

Artículo 48. Publicación y entrada en vigencia. El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación y cuando hayan transcurrido los plazos establecidos en el Código Civil para su efectividad.

Artículo 49. Emisión de normativas sectoriales. Los entes supervisores deberán realizar y someter a consulta pública las normativas sectoriales relativas a las medidas preventivas en un plazo no superior a treinta (30) días a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento.

 

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); años 174 de la Independencia, 155 de la Restauración.

DANILO MEDINA

Presidente de la República Dominicana

Reglamento para la Aplicación de Medidas en materia de Congelamiento Preventivo de Bienes o Activos relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento y con la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Reglamento para la Aplicación de Medidas en materia de Congelamiento Preventivo de Bienes o Activos relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento y con la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva