Nació el 12 de septiembre de 1948. Estudió Sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hizo una Maestría en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y posteriormente obtuvo un Doctorado en Historia, en la Universidad de Sevilla, España.
Fue director de la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) entre 1996 y 2000. En la segunda administración del presidente Fernández, a partir de 2004, fue designado superintendente de Bancos, posición que ocupó hasta 2009, cuando fue designado director general de Aduanas, tras el fallecimiento de Miguel Cocco. Retornó a la posición de superintendente de Bancos por designación del presidente Danilo Medina en el año 2012. También fue presidente del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO) entre el 2005–2007 y asesor de instituciones nacionales e internacionales.
Durante esta gestión se aprobaron diferentes reglamentos para fortalecer el sistema bancario y protegerlo de crisis como la acontecida en el año 2002. Una muestra de que el sistema asimiló bien las nuevas normativas son las cifras que muestran el crecimiento de los activos totales del sistema financiero, el aumento de los préstamos destinados a los diferentes sectores económicos, el aumento en el índice de solvencia crediticia de la banca y el aumento del patrimonio del sector bancario durante esos años.
Durante esta gestión se introdujo un cambio en la forma tradicional de supervisión, hasta ese momento basada en el cumplimiento de las leyes, a un modelo de supervisión integral basada en riesgos, orientado a la verificación de que las entidades supervisadas, además de cumplir con las regulaciones del sector, tomen en cuenta otros riesgos inherentes que pueden afectar su solvencia, liquidez y estabilidad. Este modelo había sido propuesto por el anterior superintendente, pero su aplicación comenzó en esta gestión. También se instauró evaluar semestralmente los planes de negocio de los bancos múltiples y trimestralmente las asociaciones de ahorros y préstamos, y se elaboró un programa de trabajo e intercambio de información.
La aprobación del Reglamento de Servicio y Protección al Usuario de las entidades de intermediación financiera constituyó un hito del sector. A partir de este reglamento, se promovió la respuesta oportuna a requerimientos judiciales, para enfrentar abusos cometidos por los sistemas de “turbocobro” y para implementar un servicio de actualización de las informaciones en los burós de crédito, entre otras.
También fueron relanzados los Servicios de Protección al Usuario, al ampliar las facilidades vía internet y la impresión de materiales educativos para orientar al público. El objetivo de estas mejoras fue proveer a los usuarios informaciones para la prevención, detección y corrección de eventuales reclamos, formalmente recibidos a través de un mecanismo capaz de procurar la solución por esta vía administrativa, una vez agotados los medios de revisión directa en las instituciones financieras.
Otro hito de su gestión fue la reducción de la tasa de interés de las tarjetas de crédito, de un 81.4% en diciembre de 2012 a un 64.8% en noviembre de 2013, es decir, en 16.57 puntos porcentuales, lo que permitió que la población de tarjetahabientes (más de un millón 300 mil personas) tuvieran un ahorro de 5.5% mensual.
